El Gobierno Nacional reglamentó hoy el mecanismo por el cual las empresas radicadas en Tierra del Fuego pueden achicar o reformular los proyectos de inversión que tenían comprometidos antes de que la propia gestión libertaria les sacara la fuente de financiamiento. La Resolución 152/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el Secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, le da forma administrativa a una operación más amplia: el desmantelamiento del fondo que sostenía la promesa de diversificar la matriz productiva fueguina.

De qué se trata

El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) fue creado por el decreto 725/2021 en simultáneo con la extensión del régimen de promoción industrial hasta el 31 de diciembre de 2038. La lógica era clara: si se prorrogaba veinte años más el subrégimen — con sus exenciones impositivas, fiscales y aduaneras —, las empresas debían aportar el 15% del beneficio que obtienen por la exención del IVA a un fondo destinado a algo más que sostener la electrónica. El 60% se destinaba a proyectos productivos, tecnológicos y de capacitación; el 40% a obras de infraestructura. Era el precio por veinte años más de beneficios.

En enero de este año, mediante la Resolución 20/2026, el Ministerio de Economía llevó ese aporte al 0%. La justificación oficial fue el deterioro de la competitividad provocado por las modificaciones tributarias y arancelarias del propio gobierno, que en simultáneo había publicado el decreto 333 eliminando los aranceles a la importación de celulares. La ecuación quedó clara: el Gobierno desmontó por un lado la barrera arancelaria que protegía la producción local, y por el otro el aporte que las empresas debían hacer para diversificar la matriz. Con un movimiento se desactivaron las dos puntas.

Ahora la Resolución 152/2026 ordena lo que viene después. Las empresas que ya tenían proyectos aprobados — porque la prórroga hasta 2038 los obligaba a presentarlos — tienen 30 días hábiles desde el 26 de junio para pedir adecuaciones: reducir montos, estirar plazos, modificar compromisos. El tope para ejecutar los proyectos quedó en 48 meses desde la aprobación original. Si una empresa no pide adecuación o esta es rechazada, los compromisos originales siguen vigentes. Y si los fondos retenidos no se aplican, deben devolverse al FAMP con la tasa activa del Banco Nación.

El desmonte y la sangría

El telón de fondo es lo que pasa en la provincia. Según el Ministerio de Trabajo provincial, Tierra del Fuego perdió 6.100 puestos de trabajo registrados entre diciembre de 2023 y enero de 2026.

La producción electrónica cayó cerca del 50% en el primer semestre del año pasado. Newsan — la empresa que Milei visitó en plena campaña y elogió como modelo productivo — despidió 150 trabajadores en noviembre. BGH suspendió producción 10 días en julio. La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y la Unión Industrial Fueguina vienen advirtiendo que el ajuste arancelario, sumado a la caída del consumo interno, comprime al sector por arriba y por abajo.

Una fuente política cercana a uno de los municipios industriales lo sintetizó al portal Letra P en enero de este año: «La industria electrónica inició un proceso de extinción en la provincia. Parece irreversible, es un penal ya cobrado«.

La promesa que nunca llegó

El FAMP-Fueguino nació de un diagnóstico que el oficialismo libertario no comparte pero que está en el corazón de cualquier discusión seria sobre Tierra del Fuego: la dependencia monoproductiva de la electrónica es estructuralmente frágil. Los celulares y televisores ensamblados con componentes importados generan empleo pero no constituyen un complejo industrial integrado. Por eso la prórroga del régimen vino con esa contrapartida: un fondo para empujar — con plata de las propias empresas beneficiarias — proyectos de ciencia, tecnología y economía del conocimiento que ampliaran la base productiva más allá del armado.

La administración Milei resolvió esa tensión a su manera: liberó importaciones, bajó la barrera arancelaria, eliminó el aporte y ahora reglamenta cómo desarmar los proyectos comprometidos.