boca de pozo
Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el proyecto que pone en riesgo la soberanía nacional
Busca legalizar la entrega de recursos estratégicos al blindar intereses extranjeros y desmantelar el control estatal.
En 1996, Joe Lewis compró 13 mil hectáreas en Lago Escondido a través de una firma local, dando inicio a un modelo de apropiación que parecía difícil de superar. Aquel hito, que el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro terminó validando años después, se convirtió en el emblema de un proceso de extranjerización que hoy, mediante la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, amenaza con profundizarse hasta borrar los límites de nuestra soberanía.
Sin embargo, la realidad, siempre más audaz que la ficción, nos acaba de regalar una confesión que desnuda la trama profunda del presente: el polista Hugo Barabucci, en pleno juicio contra una mujer mapuche, admitió el pasado 12 de abril que las 14.689 hectáreas que posee en el Cerro Carreras fueron compradas con 2 millones de dólares donados por el emir de Abu Dhabi.
El empleado emiratí no solo confesó ser un testaferro; puso en evidencia cómo, a través de una estructura de sociedades matrioshkas, un gobierno extranjero se hace dueño de glaciares, bosques nativos y nacientes de agua dulce en nuestra Patagonia, con el aval del Estado provincial.
El nivel de despojo queda expuesto en la operatoria: Barabucci pagó 2.050.175 dólares por tres fracciones de un total de 19.269 hectáreas de tierras con bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos y nacientes de agua dulce y fauna silvestre en el Cerro Carreras, al sureste de Bariloche. Pagó, en promedio, la bicoca de 106 dólares por hectárea.
El socio de Lewis en Lago Escondido
Se las compró al empresario Marcelo Mindlin, socio del convicto inglés Joe Lewis —dueño de la estancia Hidden Lake que encierra al Lago Escondido—, quien a su vez las había adquirido en 2009 a apenas 20,75 dólares la hectárea. Lo más grave es que estas casi 20 mil hectáreas están dentro del Área Natural Protegida (ANP) de Río Negro “Cipresal de las Guaytekas”; también en la “Zona de Seguridad de Fronteras” que impide su propiedad a personas extranjeras, y a la vez contempladas por la Ley de Tierras (26.737) que limita la venta a extranjeros y directamente la prohíbe cuando encierre cursos o espejos de agua.
Cuando el propio presidente de los Emiratos Árabes aterriza en Bariloche con su comitiva en una flota de aviones privados para refugiarse en tierras que, legalmente, pertenecen a su empleado polista, la ficción de la soberanía se quiebra definitivamente.
El proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», impulsado por Federico Sturzenegger y postergado en su tratamiento en el Senado el pasado 4 de junio, busca convertir esta anomalía en la regla. Analizar este avance requiere desglosar tres planos que revelan la profundidad de este giro.
Un giro regresivo en la concepción de lo público
El cambio de paradigma es total. Nuestra tradición jurídica siempre entendió que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino uno condicionado por el interés general. El proyecto de Sturzenegger cuestiona esta «utilidad pública» para blindar el derecho de propiedad como un dogma, desplazando el equilibrio hacia una orientación donde el Estado abdica de su rol de árbitro. Se invoca la Constitución de 1853 para garantizar derechos a extranjeros, pero se omite una verdad fundamental: mientras que los constituyentes buscaban promover la inmigración para el trabajo y el arraigo, la lógica actual facilita la expansión de grandes capitales que estructuran sus inversiones bajo jurisdicciones externas. El inmigrante que poblaba el país es reemplazado por la corporación que lo extractiviza.
La desarticulación del control como estrategia
El contenido de esta reforma es una hoja de ruta hacia la ceguera estatal. Al restringir el concepto de «extranjerización» casi exclusivamente a los Estados extranjeros, la norma ignora que el fenómeno está dominado por capitales privados que operan tras entramados societarios complejos, tal como vimos en el caso de las estancias de Barabucci o la red de testaferros de Lago Escondido.
La eliminación del Registro Nacional de Tierras Rurales y del Consejo Interministerial no es una «simplificación administrativa»: es la eliminación de las herramientas que permiten al Estado saber quién posee qué y con qué fines. Al desvincular las tierras de frontera y los recursos hídricos de la regulación general, el proyecto fragmenta nuestra política territorial. Es el desmantelamiento programado de la capacidad de conocer y gestionar nuestro propio suelo.
Un nuevo estatuto del coloniaje
Las consecuencias de este proyecto —que se articula con el RIGI y la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena— son devastadoras. En el juicio contra Soledad Cayunao, la campesina mapuche criminalizada por transitar un sendero ancestral mientras el poder económico real se esconde tras un polista, vemos el resumen del futuro que nos espera: un Estado que pone todo su aparato represivo al servicio de intereses no asentados en nuestro territorio.
Sin capacidad de planificación, sin información y sin límites, el territorio argentino queda reducido a un tablero de activos financieros donde el agua y la tierra se subastan al mejor postor. La celeridad que el proyecto impone a los desalojos, sumada a la posibilidad de cambiar el uso del suelo tras incendios, anticipa una mayor conflictividad social y el desplazamiento de las economías regionales.
Esta iniciativa no es una defensa de la libertad, sino un retroceso histórico. Al poner nuestra tierra al servicio de corporaciones y monarquías petroleras, la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» se presenta como un nuevo estatuto legal del coloniaje.
Esta es la encrucijada que el Senado deberá definir: si el Estado se constituye como el garante de los bienes comunes para las generaciones presentes y futuras, o si, en nombre de una mal entendida seguridad jurídica, decide desmantelar definitivamente la soberanía territorial argentina.
La confesión de Barabucci no es solo un detalle de color en un juicio; es la señal de alarma de que la Argentina está siendo vendida, hectárea a hectárea, ante la mirada cómplice de un sistema que ha olvidado qué significa defender el interés general.
