El precio de las garrafas subió más de un 800% y el subsidio estatal no cubre ni la mitad de su valor

Con la llegada del invierno, las familias de los barrios más vulnerables del país se enfrentan a un panorama crítico debido al encarecimiento extremo del gas envasado. De acuerdo con un relevamiento de las variables económicas vigentes, el precio de la garrafa de 10 kilos experimentó un incremento superior al 800% en comparación con los valores regulados previos. Esta escalada -acelerada por la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar por completo los precios máximos de referencia- genera que el acceso a un insumo vital para la cocción de alimentos y la calefacción sea restrictivo.

La desregulación integral del sector se combinó con un severo retroceso de la cobertura del Programa Hogar, la herramienta estatal destinada a subsidiar este consumo. Mientras los precios en los comercios de cercanía y bocas de expendio barriales continuaron en alza, los montos transferidos a los beneficiarios quedaron prácticamente congelados, cubriendo en la actualidad menos de la mitad del costo de mercado de una sola garrafa. A esto se le suma un fuerte recorte en los padrones de asistencia, dejando fuera del beneficio a miles de hogares que anteriormente contaban con dicho respaldo.

El impacto de este ajuste recae de manera asimétrica sobre las poblaciones periféricas, donde la infraestructura básica de servicios es históricamente deficiente. En los barrios populares de la Argentina, se estima que 9 de cada 10 hogares dependen exclusivamente del gas envasado al carecer de acceso formal a la red de gas natural de red. Para estas comunidades, el invierno se convierte en una emergencia cotidiana donde las familias se ven obligadas a racionar el uso del combustible y a reducir las raciones de comida caliente.

Ante la imposibilidad económica de costear el gas, amplios sectores comenzaron a volcarse hacia alternativas de emergencia como el uso intensivo de estufas eléctricas o la quema de leña. Sin embargo, estas prácticas conllevan riesgos severos: las redes eléctricas colapsan de forma recurrente ante la sobredemanda de energía. Asimismo, la calefacción mediante métodos precarios de combustión en espacios cerrados eleva drásticamente el peligro de incendios domésticos e intoxicaciones graves por monóxido de carbono.

El encarecimiento del gas envasado se inserta dentro de una devaluación generalizada de los ingresos en relación con el costo de vida. Según indicadores recientes de consumo, la canasta integrada por las tarifas de servicios públicos ya representa el 14,1% del salario promedio registrado. El retiro de las herramientas de regulación del Estado consolida un escenario de vulnerabilidad habitacional donde el bienestar térmico mínimo dejó de ser un derecho garantizado para transformarse en un bien suntuario.