En Viedma se suspendió la formulación de cargos por los certificados médicos truchos.

La audiencia de formulación de cargos contra 119 imputados por presunta defraudación al Estado mediante la presentación de certificados médicos falsos duró menos de media hora y fue suspendida por el juez de Garantías, Adrián Dvorzak. El magistrado dispuso interrumpir el trámite para no vulnerar el debido proceso ni el derecho de defensa, ante la complejidad del expediente y la cantidad de personas involucradas, entre ellas más de medio centenar de imputados conectados de forma virtual, defensores particulares y defensores oficiales.

Dvorzak planteó la necesidad de reorganizar la causa para asegurar una tutela judicial efectiva tanto para la víctima –el Estado provincial, representado por la Fiscalía de Estado– como para cada uno de los imputados. Ordenó que, en el plazo de diez días, todos los abogados defensores presenten ante la Oficina Judicial el listado de sus representados con sus datos personales, y adelantó que luego se realizará una audiencia específica con todos los letrados para canalizar los planteos técnicos. Solo una vez cumplidos esos pasos comenzará la formulación de cargos, que se hará en tandas de unos 20 imputados por vez. En la sala estuvo presente la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, quien evidenció su malestar cuando se anunció la suspensión.

La megacausa no tiene antecedentes por su dimensión en los tribunales rionegrinos. Se inició el 23 de mayo de 2024 a partir de una denuncia presentada por el gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban, y su adjunto, Luciano Minetti Kern. La acusación apuntó inicialmente a la utilización de certificados médicos presuntamente apócrifos por parte de agentes públicos para justificar inasistencias laborales y acceder a licencias.

El 31 de mayo de 2024 la denuncia fue ampliada para incluir a una médica de General Roca y a un psicólogo de Villa Regina que habrían emitido numerosos certificados en beneficio de un trabajador estatal. Con el avance de la investigación, el profesional de Regina fue desvinculado del expediente, pero se mantuvo imputada la médica, junto a otra persona señalada como posible gestor. En los últimos dos años, el Ministerio Público Fiscal reunió la documentación y los elementos necesarios para solicitar la formulación de cargos contra más de un centenar de empleados con domicilios en distintas ciudades de la provincia.

A todos ellos se los investiga por una posible defraudación a la administración pública, basada en la emisión y utilización de certificados médicos que consignaban diagnósticos falsos de enfermedades o impedimentos laborales inexistentes para obtener licencias. La mayoría de los 119 imputados son efectivos de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial, lo que refuerza el carácter institucionalmente sensible de una causa que ahora ingresará en una fase de reordenamiento procesal antes de avanzar con las imputaciones formales.