Neuquén también sangró: lo que dejó el golpe en la provincia

Había algo en el aire en Neuquén antes de que sonaran las primeras transmisiones de radio. Quienes tenían algún tipo de militancia política lo sabían: el golpe llegaba, era cuestión de horas. Lo que nadie dimensionaba del todo era hasta dónde iba a llegar la brutalidad del régimen que se imponía desde Buenos Aires. El 24 de marzo de 1976, a las 3 de la madrugada, el Comunicado N° 1 confirmó lo que muchos temían. Y en Neuquén, como en el resto del país, nada volvió a ser igual.

Felipe Sapag, gobernador provincial, no dormía en la residencia oficial esa noche. Vivía en su casa particular, sobre calle Belgrano. Mientras los militares ocupaban la Casa de Gobierno y montaban guardias armadas en toda la cuadra, Sapag esperaba noticias con la radio encendida, abrumado por una angustia doble: la del mandatario que ve caer su gobierno y la del padre que sabe que dos de sus hijos —Ricardo y Enrique— habían pasado a la clandestinidad para sumarse a Montoneros. Meses antes había intentado renunciar, pero la Legislatura le rechazó la presentación. Siguió en funciones hasta que los militares lo sacaron. Sus hijos encontrarían la muerte al año siguiente.

La cacería que se desató en la provincia

Lo que vino después fue, literalmente, una cacería. César Gass, entonces joven militante radical y presidente del centro de estudiantes de Humanidades de la UNCo, recibió el aviso de su padre —diputado nacional— la noche anterior: no duermas en casa. Eso le salvó la vida. Al día siguiente, un grupo de tareas fue primero a la concesionaria donde trabajaba y después a su domicilio, donde terminaron llevándose a su mujer y sus dos hijos pequeños. Gass anduvo de casa en casa, de Neuquén a Cipolletti, de Cipolletti a Roca, escondido gracias a la solidaridad de amigos y conocidos del radicalismo. Salió del país con la ayuda del padre Juan Gregui, fundador de los colegios Don Bosco y San José Obrero. Volvería recién con la democracia.

En el barrio Provincias Unidas, la escena fue igual de tensa. La esposa de Oscar Massei, histórico dirigente peronista y secretario del bloque de diputados del Frejuli, vio desde la ventana cómo un operativo del Ejército rodeaba la cuadra en la madrugada. Entre los uniformados estaba Raúl Guglielminetti, agente de inteligencia infiltrado en Neuquén desde 1973 bajo la fachada de periodista. Fueron a buscar al legislador Carlos «Chango» Arias, que no estaba. El que logró escapar por los fondos fue el diputado Eduardo Buamscha, que saltó el paredón y se escondió en la casa de Massei. Massei, uno de los pocos abogados de la provincia en ese momento, dedicó los meses siguientes a presentarse en la Policía Federal por las causas de detenidos de la universidad, poniendo en riesgo su propia integridad.

Raúl Radonich tenía 21 años cuando lo secuestraron, en enero del 77. Lo llevaron a La Escuelita —el principal centro clandestino de detención de la provincia— y lo torturaron con picana eléctrica mientras le preguntaban por su «grado y nombre de guerra». No tenía ninguno. Era un ex militante universitario que ya no tenía contacto con sus compañeros. Lo soltaron seis días después en un camino de tierra cerca de Senillosa, vendado y con las manos atadas. Pensó que lo iban a fusilar. Pero el calvario no terminó ahí: en abril volvieron a buscarlo y lo trasladaron a la U9, donde permaneció detenido en el subsuelo destinado a presos políticos hasta junio de ese año.

Las cifras que la provincia tardó décadas en dimensionar

A medio siglo del golpe, los registros del Observatorio de Derechos Humanos dan cuenta del alcance real del terrorismo de Estado en la región: al menos 390 personas detenidas en Neuquén y Río Negro entre 1974 y 1983, dentro de la Subzona 5.2. De ellas, 54 permanecen desaparecidas. Más del 50% tenía entre 20 y 29 años. Obreros de la construcción, estudiantes universitarios, docentes, militantes barriales y sindicalistas. La represión no discriminaba demasiado: bastaba con haber estado en el lugar equivocado o haber compartido una militancia, aunque fuera años atrás.

Se identificaron al menos 27 centros clandestinos de detención en la región. La Escuelita, en el predio del Batallón de Ingenieros 181, fue el más activo. También funcionaron como espacios de detención ilegal comisarías, delegaciones de la Policía Federal y de Gendarmería. Muchos de los detenidos en Neuquén fueron trasladados después a Bahía Blanca o a Buenos Aires, lo que dificulta hasta hoy determinar con exactitud la cantidad total de desaparecidos con origen en la provincia.

El informe también registra al menos cinco nacimientos en cautiverio y seis niños detenidos junto a sus padres durante operativos.

El rol de la Iglesia

Contra todo eso, hubo quienes eligieron no mirar para otro lado. El obispo Jaime de Nevares dejó abiertas las puertas de la Catedral la noche del 23 de marzo, antes de que el golpe se consumara, por si alguien necesitaba refugio. Fue miembro fundador de la APDH, acompañó a familias de desaparecidos, documentó denuncias y recibió amenazas. La Catedral llegó a recibir disparos. Fue, como lo describió la referente de derechos humanos Sara Mansilla, el «paraguas protector» de muchos en los años más oscuros.

A 50 años de ese 24 de marzo, el actual obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, retomó ese gesto en una carta a la comunidad: «Hoy, después de 50 años, volvemos a necesitar abrir no solamente las puertas del templo, sino también las puertas de nuestro corazón». Un pedido que, viniendo de la misma diócesis que supo resistir cuando la mayoría calló, tiene un peso particular.

La lucha de las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén-Alto Valle, con figuras como Inés Ragni y Lolín Rigoni, y el trabajo sostenido de organismos como la APDH con Noemí Labrune al frente, son parte de esa resistencia que no se interrumpió. Porque la memoria no es solo recordar. Es también, como insistió Croxatto, una forma de seguir actuando.