Política
El Gobierno prepara un nuevo llamado a extraordinarias para febrero
Tras aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el oficialismo busca destrabar tres proyectos clave.
Luego de lo que en la Casa Rosada fue leído como un cierre de año favorable, con la sanción definitiva del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno nacional apunta ahora a reactivar la agenda legislativa pendiente. El Ejecutivo evalúa un segundo llamado a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, con el objetivo de avanzar sobre tres iniciativas que ya cuentan con dictamen: la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la reforma laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares.
La “regla fiscal”, eje del ajuste
La denominada “regla fiscal” estuvo a punto de tratarse en la misma sesión en la que se aprobaron el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal, pero el riesgo de perder el quórum obligó a levantar el debate. La norma busca establecer sanciones para funcionarios y directivos de bancos públicos que incurran en gastos considerados innecesarios o en mecanismos de emisión monetaria distorsivos. En los hechos, intenta darle rango legal a la consigna libertaria de no gastar más de lo que ingresa, una lógica que el Gobierno simboliza con la motosierra y que ya viene aplicando con un ajuste brutal del gasto público.
Sin embargo, ese recorte convive con una reducción deliberada de recursos fiscales. La baja de Bienes Personales, los cambios en Ganancias para grandes empresas, la reducción de impuestos internos, la eliminación del Impuesto PAIS y del tributo a la transferencia de inmuebles, además de distintos blanqueos, exponen una política que combina disciplina del gasto con alivio impositivo para sectores específicos, una tensión que atraviesa todo el programa económico.
Glaciares y provincias
Otro de los proyectos que el oficialismo buscará aprobar es la reforma de la Ley de Glaciares, que ya tiene dictamen favorable en el Senado. La iniciativa propone mantener la protección de los glaciares, pero eliminar las restricciones sobre las zonas periglaciares, transfiriendo a las provincias el control de las explotaciones mineras e hidrocarburíferas. El Gobierno argumenta que la reforma respeta el dominio originario de los recursos naturales consagrado en la Constitución y permitiría destrabar inversiones en las provincias cordilleranas, aunque el tema sigue generando resistencia en sectores ambientalistas.
Reforma laboral y Código Penal
La reforma laboral aparece como la gran apuesta política del oficialismo para el inicio de 2026. Con dictamen de mayoría en el Senado, el proyecto apunta a reducir costos laborales y litigiosidad, e introduce cambios sensibles como la eliminación de las cuotas solidarias, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, la priorización de acuerdos por empresa y modificaciones en indemnizaciones, vacaciones y jornadas laborales. Tras la movilización de la CGT y las dificultades de fin de año, la propia Patricia Bullrich fijó como fecha tentativa de tratamiento el 10 de febrero y anticipó que el debate no será “a libro cerrado”.
En contraste, el nuevo Código Penal sigue sin un cronograma claro. Presentado públicamente en octubre por Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, el proyecto aún no ingresó formalmente al Congreso y requerirá un debate mucho más extenso. La iniciativa busca refundar una norma de 1921, ampliar el articulado a más de 900 artículos, endurecer penas, declarar imprescriptibles delitos gravísimos e incorporar figuras vinculadas al crimen organizado y a los delitos informáticos. Por ahora, su tratamiento quedó fuera de la urgencia legislativa y sin definición sobre la cámara de origen.
