Energía
Neuquén: Milei avanza con la venta de las hidroeléctricas y no hay reacción de la política neuquina
Nación puso en marcha un rápido proceso de reprivatización con un concurso internacional.
El gobierno de Javier Milei ha decidido avanzar con la venta de los paquetes accionarios de las principales hidroeléctricas en Neuquén, luego de la caída de las concesiones de algunas de las represas, que están provisoriamente en manos del estado nacional. Las represas fueron concesionadas por el menemismo y había una oportunidad para que las provincias participen con sociedades mixtas. Pero ese proyecto quedó en la nada.
En Neuquén, el gobierno provincial parece haber tirado la toalla en esta pelea. O no tiene la espalda política para plantarse, o hay miedo o, lo que muchos piensan, algún acuerdo estratégico económico detrás.
A través del Decreto N° 718/24, se estableció un concurso público nacional e internacional para privatizar las sociedades encargadas de operar las centrales hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, fundamentales para el suministro energético del país.
Guillermo Francos ha sido el nexo ente Javier Milei y los gobernadores. Pero el tema de las represas es complejo.
El proceso, que involucra a Energía Argentina SA (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), las actuales titulares transitorias del 98% y 2% de las acciones respectivamente, tiene como objetivo garantizar una transición hacia la gestión privada, con la intención de mejorar la eficiencia operativa y atraer inversiones a largo plazo.
Hidroeléctricas: las cuatro de Neuquén
Las concesionarias a las que se les vencieron los contratos son AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Central Puerto (Piedra del Águila) y Aconcagua Energía (Cerros Colorados).
ENEL, firma que maneja la distribuidora Edesur, entre otros activos, había puesto a la venta la central de El Chocón, previo a la finalización del contrato de concesión, como parte de su proceso de salida de la Argentina.
En tanto, AES Argentina, de capitales estadounidenses había manifestado la idea de quedarse con la concesión. Fue la única multinacional interesada en seguir operando Alicurá, que es una «represa de punta» y que representa una activo verde (que cotiza en bonos el mercado de capitales en el contexto de la transición energética) importante para las empresas.
Proceso de licitación y objetivos
El decreto establece que la Secretaría de Energía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberán llevar a cabo un concurso competitivo y expeditivo en un plazo de 180 días.
El proceso involucra la transferencia del paquete accionario mayoritario o controlante de las sociedades hidroeléctricas al sector privado.
Los futuros concesionarios deberán cumplir con estrictas normativas sobre seguridad, manejo del agua, y protección ambiental, garantizando el funcionamiento adecuado de las instalaciones.
Este proceso de privatización se da en un momento clave para el sector energético de Neuquén, una provincia con un rol estratégico en la generación de energía hidroeléctrica.
Una deuda que quedó en la nada
En su momento, tanto la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) como el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) Comahue habían entregado un informe de 180 páginas a los ex gobernadores Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro) y a Nación sobre el estado de las represas, y los incumplimientos de las concesionarias y de la Secretaría de Energía de la Nación respecto de la liquidación de las regalías.
Todo ese debate también quedó en la nada, y viene desde la gestión del ex presidente Alberto Fernández, que tampoco dio el paso adelante para evitar las reprivatizaciones.
Uno de los temas que reclaman AIC y el Orsep en el informe son las regalías “mal liquidadas” desde 2013 hasta la fecha y las “ganancias extraordinarias” que han tenido las concesionarias en perjuicio de los organismo locales, que son los encargados de llevar adelante los monitoreos.
Los organismos regionales encargados de la seguridad de las represas y del control de los caudales de los ríos le reclaman a la Secretaría de Energía de la Nación una deuda de $983.671.839 o el equivalente a u$s 8.336.202. El cálculo de la deuda del canon es desde 2013 a marzo de 2022.
