boca de pozo
PJ: ¡Qué par de pájaros los dos!
A Lucas Riquelme la justicia le anuló la reunión donde lo proclamaron presidente. ¿Sigue Asaad?
El culebrón del PJ neuquino empezó una etapa que parece escrita para una revista de chimentos. El partido designó como certificador de afiliaciones a un dirigente que figuraba en su propia lista de los 44 expulsados, por haber ido con otros sellos partidarios en 2023, ente los que se encuentra el mismo José «Turco» Asaad.
La Justicia electoral lo dejó asentado con una línea seca: hoy está «sin afiliación a la agrupación de autos ni a ningún otro partido».
El dato surge de la resolución que firmó el lunes 5 de octubre el juez federal subrogante Gustavo Villanueva, la misma que dejó sin efecto la reunión del Consejo Provincial que había suspendido al presidente José «Turco» Asaad. Hubo muchas irregularidades administrativas y de forma, por parte de quien conducía la reunión, el vicepresidente segundo del partido, a cargo del PJ, Lucas Riquelme .
Pero esa reunión donde se lo echó a Asaad y se lo designó a Riquelme, quedó anulada y ahora el PJ quedó en un limbo. Incluso hasta el mismo Asaad sería de nuevo el presidente en estas horas, pese a que fue depurado del padrón de afiliados.
El certificador que no era
En el Congreso Partidario del 29 de agosto, el PJ designó a las personas autorizadas para aceptar afiliaciones y para certificar las firmas en las fichas. Son los que dan fe de que quien se afilia es quien dice ser.
En esa lista aparece Julio Fernando Vallejos, de Picún Leufú. Pero Vallejos es uno de los 44 afiliados que el sistema de la Justicia electoral registra como dados de baja, con fecha 2 de octubre, por haber sido candidatos de otras fuerzas en 2023. Es decir que ese órgano nombró para certificar afiliaciones a alguien que el propio partido había pedido echar.
El detalle tiene contexto. Ese Congreso se reunió bajo la conducción de Asaad, que tras ganar la interna había instruido a la apoderada a desistir de las expulsiones. Por entonces, las bajas estaban frenadas. Un mes después, la Cámara Nacional Electoral revocó esa marcha atrás y la lista volvió a regir.
El juez Villanueva no se limitó a tomar nota. Endureció las reglas para cualquier afiliación futura del PJ.
Cada certificador designado deberá presentarse en persona en el juzgado para registrar su firma y aceptar el cargo ante el actuario. Solo podrá certificar firmas estampadas en su presencia, constatando la identidad del afiliado en ese mismo momento.
La advertencia fue explícita, ya que si se comprueba que un certificador no estaba presente cuando se firmó una ficha, sea la firma auténtica o no, será removido del cargo y se invalidarán todas las afiliaciones que refrende en adelante. Además, podrá enfrentar sanciones civiles, penales o administrativas, según el artículo 4 del Decreto 937/2010.
El juez sumó otra exigencia y es que las fichas deberán consignar la fecha de la firma. Si no la tienen, se presumirá que fue dentro de los 90 días anteriores a su presentación. Y desde el 1 de octubre rige el Portal Externo de Agrupaciones Políticas, por la Acordada 159/2026 de la Cámara Nacional Electoral, donde el partido deberá precargar cada afiliación antes de presentarla en el expediente.
Después del acta sin caras
Los nuevos controles no llegan en el vacío. En la misma resolución, Villanueva dejó sin efecto la reunión del Consejo Provincial del 24 de septiembre.
La grabación no permitía ver las caras de quienes participaron por Google Meet, ni los DNI que decían exhibir. Uno de los participantes no aparecía nunca en pantalla y el acta la firmaron seis de los diez consejeros que figuraban como presentes.
El mismo Riquelme dijo según consta en el acta de grabación que se trataría del consejero y actual funcionario del gobierno provincial, Gonzalo Bertoldi, quien no podía asistir por razones de trabajo a la reunión. Pero se conectó sin cámara y no se pudo certificar quién estaba detrás de la pantalla.
Lo decidido allí, concluyó el juez, «carece de validez para el tribunal».
En esa sesión se había suspendido a Asaad por una denuncia de violencia de género, que él niega y que definirá la Justicia ordinaria. También se había designado como presidente a cargo a Lucas Riquelme, vicepresidente segundo, salteando a la vicepresidenta primera, Anahí Valdez.
Riquelme lo justificó así: «No estamos para que nos metan un caballo de Troya y se adjudiquen la representación provincial».
El mapa del desorden
El resumen es difícil de igualar. Un presidente fuera del padrón, aunque resta saber si apelará. Un reemplazante sin validez judicial. Una vicepresidenta que reclama el sillón y denuncia que la corrieron «prque responde a las ideas de una minoría», pese a a ir en el mismo espacio político en la boleta.
Cuarenta y cuatro expulsados, entre ellos un certificador designado por el propio partido. Y una exjueza que se fue después de recibir un reto de la Cámara por frenar las expulsiones.
Todo empezó en el Congreso de Zapala de mayo de 2025, cuando el PJ decidió expulsar a quienes jugaron con Rolando Figueroa en 2023. Desde entonces, el partido gasta más energía en definir quién queda adentro que en construir una propuesta para volver a ganar.
Con la reunión sin efecto, la guerra por la sucesión sigue abierta. Cualquier nuevo intento de designar autoridades deberá pasar por los mismos controles que hoy dejaron al Consejo en offside. Y cada nueva afiliación tendrá un certificador que deberá dar la cara, literalmente, ante la Justicia.
Para un partido que ya no puede mostrar quién estaba en su propia reunión, no es un detalle menor
