Política
La Corte Suprema avaló la derogación de la Ley de Tierras: denuncian entrega de soberanía
Referentes del arco opositor repudiaron la decisión del máximo tribunal de validar el capítulo del mega DNU 70/23.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó la derogación de la Ley de Tierras mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 desató una inmediata ola de indignación política, sindical y comunitaria en todo el país. La sentencia de los supremos, que desestimó por cuestiones formales y falta de «caso» los amparos presentados por centros de excombatientes de Malvinas y entidades rurales, dejó formalmente abierto el camino para la adquisición irrestricta de campos, cuencas hídricas y zonas fronterizas por parte de personas físicas y corporaciones foráneas.
Apenas conocida la resolución del Palacio de Tribunales, legisladores, dirigentes y agrupaciones de derechos humanos salieron a cuestionar los fundamentos de la sentencia, acusando al tribunal de convalidar el desguace normativo sin analizar el impacto lesivo sobre el patrimonio nacional.
Los pronunciamientos recalcaron que la norma derogada fijaba un tope del 15% a la titularidad foránea de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de prohibir expresamente la enajenación de inmuebles que contuvieran o limitaran con cuerpos de agua permanentes. Con este aval judicial al mega DNU presidencial, dichos límites quedan fulminados, habilitando una extranjerización sin precedentes sobre humedales, glaciares y cordones productivos clave.
Las críticas de los excombatientes y la advertencia por la seguridad nacional
Entre las voces más enfáticas se hicieron oír los representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata), promotores iniciales de una de las acciones judiciales que había frenado la medida en primera instancia antes de que el expediente escalara al máximo tribunal. Desde la organización de veteranos remarcaron que la entrega de la tierra atenta de forma directa contra la seguridad y la soberanía del Estado.
Los referentes advirtieron que la extranjerización no es un dilema inmobiliario abstracto, sino un riesgo geopolítico concreto que debilita el control estatal en zonas limítrofes sensibles y áreas estratégicas para el abastecimiento alimentario y energético. Para las organizaciones denunciantes, la Corte prefirió ampararse en tecnicismos procesales sobre la legitimación activa para no expedirse sobre la inconstitucionalidad manifiesta de legislar en materia de fondo mediante decretos de necesidad y urgencia.
La convalidación judicial reactivó de inmediato las presiones sobre el Congreso de la Nación, donde distintos bloques opositores ya preparan proyectos de ley específicos para restaurar la vigencia del régimen protectorio y blindar los recursos naturales ante futuros litigios. Al mismo tiempo, organizaciones campesinas, comunidades originarias y asambleas socioambientales convocaron a reuniones de urgencia para definir medidas de fuerza y movilizaciones frente a los tribunales federales.
