Política
Profesionales del Hospital Garrahan denunciaron penalmente a Milei por no aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica
Reclaman la ejecución inmediata de una ley aprobada y reglamentada.
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y altos funcionarios del Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por el Congreso y reglamentada por el propio Poder Ejecutivo.
Según el gremio, el Ejecutivo incurre en “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al negarse a ejecutar la norma, que busca fortalecer la atención pediátrica y garantizar recursos para hospitales y centros de salud infantil de todo el país. En paralelo, los trabajadores interpusieron un amparo colectivo ante la Justicia federal para exigir su aplicación inmediata.
“El Poder Ejecutivo comete un delito flagrante al negarse a cumplir con una ley votada por abrumadora mayoría y respaldada por toda la sociedad”, señaló Norma Lezana, secretaria general de la APyT y profesional del Garrahan con 37 años de trayectoria.
Una ley vigente que el Gobierno no ejecuta
Lezana recordó que el Gobierno argumentó “falta de fondos” para justificar la demora en la aplicación de la ley, pese a que el decreto reglamentario ya fue firmado. “Dicen que no pueden aplicarla sin desfinanciar otros programas, pero no consideran alternativas como gravar grandes fortunas o eliminar exenciones a sectores privilegiados. Eso demuestra una decisión política, no una imposibilidad económica”, afirmó.
La denuncia penal alcanza también al ministro de Salud, Mario Lugones, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes la organización responsabiliza por incumplir una norma vigente. Además, la APyT anunció que promoverá una campaña nacional para pedir al Congreso un juicio político contra los funcionarios implicados.
“Es insólito que un gobierno actúe de forma antidemocrática y autocrática. Denunciamos penalmente a los firmantes del decreto que promulga la emergencia pero dice no poder aplicarla por falta de fondos. Eso no se puede admitir en un Estado de derecho”, sostuvo Lezana en el comunicado oficial.
Movilización y reclamo judicial
El conflicto se profundizó luego de la caravana hacia la Quinta de Olivos que los trabajadores realizaron el sábado pasado, en reclamo de la implementación de la ley y contra lo que califican como un “desmantelamiento progresivo” del hospital.
En su presentación judicial, el gremio solicita que la Justicia ordene al Ejecutivo cumplir con la ley y asegure el financiamiento previsto. “Pedimos que se asegure lo elemental: que se cumpla la ley. No vamos a resignarnos a ver cómo desmantelan un hospital que nos costó casi 40 años construir, orgullo nacional y símbolo del abrazo de nuestro pueblo”, concluyó Lezana.
La Ley de Emergencia Pediátrica fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, vetada por Milei y luego ratificada por ambas cámaras, lo que forzó su promulgación y reglamentación. Sin embargo, el Gobierno todavía no dispuso los fondos para su ejecución, motivo por el cual la APyT decidió avanzar con la denuncia penal y el amparo judicial.
La asociación anticipó que continuará con acciones gremiales y legales hasta lograr la plena aplicación de la ley, en defensa de los derechos de los trabajadores del Garrahan y de los niños y niñas que dependen del sistema público de salud infantil.
