boca de pozo
El Gobierno apelará el fallo que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
Como cada vez que un fallo lo contradice, crece el ataque contra el magistrado.
El Gobierno de Javier Milei anunció que apelará el fallo del juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión extiende una disputa institucional que lleva más de un año y que acumula reveses judiciales para el Ejecutivo en todas las instancias en que fue a litigar.
La historia del decreto que el juez tumbó
La cronología del conflicto es larga. El Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) en agosto de 2025. Milei la vetó. El Congreso insistió y rechazó el veto. Ante la imposibilidad constitucional de vetar una segunda vez la misma ley, el Gobierno recurrió a un mecanismo alternativo: promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025 pero condicionó su aplicación a que el Parlamento determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto.
El juez Cormick fue terminante sobre ese mecanismo: el decreto funcionó como «una instancia de veto no contemplada en la Constitución» y no supera «un test mínimo de razonabilidad«. El fallo señaló además que el argumento fiscal del Gobierno cae por su propio peso: el artículo 9° de la propia ley establece cómo financiarla, y la Jefatura de Gabinete ya realizó seis modificaciones presupuestarias para reasignar partidas hacia distintos destinos durante la misma gestión, lo que demuestra que los mecanismos existen y se usan.
El fallo hace lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la UBA, ordena al Poder Ejecutivo dictar las normas reglamentarias necesarias y le impone las costas al Estado.
El historial judicial del Gobierno en el financiamiento universitario
No es la primera vez que el Ejecutivo pierde en los tribunales sobre esta cuestión. Una cautelar que había ordenado la aplicación provisoria de la ley fue confirmada por la Sala III de la Cámara el 31 de marzo de 2026. La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario del Gobierno el 25 de junio, dejando esa cautelar firme. El Gobierno también intentó derogar la ley vía el artículo 75 del proyecto de Presupuesto 2026, pero el Congreso no lo aprobó.
El fallo de Cormick es ahora el primer pronunciamiento sobre el fondo constitucional de la cuestión. Con la cautelar ya convalidada por la Corte, el margen judicial del Gobierno para sostener la suspensión se estrecha.
Qué está en juego
La norma abarca salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles, gastos de funcionamiento de las universidades e inversión en hospitales universitarios. Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, puso los números sobre la mesa: un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad en la UBA (el ingreso promedio) percibe menos de $500.000 netos. La beca Progresar está fijada en $35.000 antes de descuentos. El presupuesto universitario proyectado para 2027 equivale al 0,53% del PBI, el nivel más bajo desde 2001.
Cagnacci también señaló que el Gobierno incumplió el acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Ejecutivo, el CIN y las federaciones gremiales, que contemplaba una recomposición salarial del 24,3% en dos tramos más un incremento del 20% en gastos de funcionamiento y $50.000 millones para hospitales universitarios.
La marcha del 15
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, celebró el fallo: «Es un paso muy importante para lograr la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.» Rectores y rectoras de todo el país sesionarán en Plaza de Mayo el 15 de octubre a las 14:30 y desde allí convocarán a una marcha hacia el Congreso a las 13:30, en lo que será la quinta movilización federal universitaria desde el inicio del conflicto.
El Gobierno apelará ante la Cámara del fuero. Mientras tanto, la ley sigue sin aplicarse.
