Política
Trabajadores, organizaciones sociales y excombatientes marcharon a la Corte contra la derogación de la Ley de Tierras
Una multisectorial encabezada por el CECIM La Plata, las dos CTA y entidades de la producción protestó frente a Tribunales.
Una heterogénea alianza conformada por veteranos de la Guerra de Malvinas, organizaciones sindicales, movimientos sociales y cámaras empresarias se concentró en la Plaza Lavalle para manifestar su categórico rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló la vigencia del mega DNU 70/2023 y desmanteló la Ley de Tierras. La protesta tuvo como epicentro las puertas del Palacio de Tribunales, donde los manifestantes denunciaron que la decisión del máximo tribunal habilita la compra irrestricta de territorio nacional por parte de corporaciones extranjeras.
La movilización contó con la activa participación del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la entidad que había obtenido la medida cautelar que mantuvo suspendida la derogación normativa durante más de dos años. Durante el acto central, los oradores fustigaron el argumento formal esgrimido por los jueces supremos para declarar abstracto el amparo alegando supuesta «falta de legitimación activa» del colectivo de veteranos.
Al respecto, el dirigente del CECIM, Hugo Robert, remarcó la gravedad del cuadro al afirmar que la norma derogada «no era una ley revolucionaria», sino un instrumento indispensable «para proteger ciertos sectores que son claves en el futuro del país», cuestionando al mismo tiempo la inacción de la clase política tradicional por no haber rechazado el decreto en el Congreso mientras el amparo estuvo plenamente vigente.
Junto a los exsoldados confluyeron dirigentes y delegaciones de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma y de los Trabajadores), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) —que implementó un cese de tareas para concurrir a la plaza— y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). Bajo la consigna unificada de «La patria no se vende, la soberanía tampoco», las entidades advirtieron que la eliminación de los topes del 15% a la posesión foránea de suelo rural perjudica directamente al entramado productivo nacional, promueve negocios especulativos multimillonarios y deja en total desamparo a cuencas hídricas, yacimientos mineros y pasos limítrofes.
La concentración también sumó a referentes de derechos humanos nucleados en la APDH, CTERA y organizaciones territoriales, quienes colocaron un escenario improvisado sobre la calle Talcahuano para exigir una respuesta institucional contundente contra el avance de las prerrogativas del Poder Ejecutivo. Los manifestantes remarcaron que el pronunciamiento de la Corte sienta un peligroso antecedente al convalidar que un decreto de necesidad y urgencia modifique leyes estructurales sin la debida ratificación parlamentaria, debilitando el equilibrio republicano y facilitando la extranjerización indiscriminada.
La protesta en Tribunales sirvió como prólogo de una agenda de movilizaciones en ascenso contra el programa libertario. Los convocantes confirmaron que el próximo 15 de octubre llevarán adelante una nueva manifestación frente al Congreso de la Nación, donde esperan una concurrencia sustancialmente mayor. Esa jornada confluirá con la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) y con la 5° Marcha Federal Universitaria, articulando la defensa de la soberanía sobre el territorio con el reclamo por el financiamiento de las casas de altos estudios en las calles de todo el país.
