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Política

Causa Vialidad: la defensa de Cristina Kirchner presentó peritajes técnicos para voltear la condena

Los letrados expusieron peritajes que descartan sobreprecios en Santa Cruz y sustentan la apelación ante la ONU.

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Cristina

Los abogados de Cristina Kirchner presentaron en el Instituto Patria una serie de auditorías independientes para refutar los cargos de la causa Vialidad, en el marco de la denuncia elevada ante la ONU. En conferencia de prensa, el equipo jurídico encabezado por Carlos Beraldi, Ary Llernovoy y el jurista internacional Emmanuel Altit detalló los elementos probatorios que acreditan la inexistencia de sobreprecios, obras inconclusas o direccionamiento contractual en los 51 proyectos viales licitados en la provincia de Santa Cruz.

La presentación técnica expuso los resultados de un relevamiento integral de ingeniería civil realizado sobre la totalidad de los tramos adjudicados entre 2003 y 2015. El informe determinó que el 85% de las obras asignadas al grupo Austral Construcciones se encuentran formalmente concluidas y en uso operativo, mientras que el porcentaje restante corresponde a contratos neutralizados o interrumpidos por demoras administrativas del Estado tras el cambio de gestión en 2015, descartando de plano la hipótesis de un esquema de simulación licitatoria.

En materia contable, la defensa exhibió peritajes que contrastaron los valores abonados en Santa Cruz con los cuadros tarifarios y coeficientes de variación de costos de la Dirección Nacional de Vialidad. Las conclusiones técnicas demostraron que los montos facturados se ajustaron a los precios de plaza vigentes al momento de cada licitación pública y que los fondos transferidos por el Tesoro Nacional contaron con trazabilidad bancaria estricta, sin desvíos hacia cuentas de funcionarios o terceros interpuestos.

Ofensiva ante el Comité de la ONU

Beraldi remarcó que estos peritajes interdisciplinarios habían sido ofrecidos reiteradamente por la defensa durante la etapa de instrucción y en el debate oral, pero fueron sistemáticamente rechazados por el Tribunal Oral Federal 2 y convalidados en su omisión por la Cámara Federal de Casación Penal. El letrado sostuvo que la negativa a auditar el universo total de las obras configuró una privación flagrante del derecho de defensa en juicio, construyendo una sentencia condenatoria basada en una muestra arbitraria de solo cinco contratos.

Esa vulneración de las garantías del debido proceso fundamentó el reclamo elevado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, donde se denunció la existencia de una persecución judicial con fines proscriptivos. Los abogados remarcaron que, mientras se aguarda el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el recurso extraordinario local, los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exigen la revisión integral de un fallo que desestimó pruebas periciales concluyentes.

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