Causa sobresueldos: Barbeito se entregó en Bariloche y quedó detenido tras el fallo de la Corte.

El exministro de Educación de Río Negro César Barbeito se presentó voluntariamente en una comisaría de Bariloche, tras regresar de sus vacaciones en el exterior, y quedó detenido para comenzar a cumplir la pena de tres años y medio de prisión efectiva por la causa de sobresueldos, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena por el delito de peculado. Su detención se suma a la del exlegislador Francisco “Ringo” González, quien desde el viernes permanece alojado en la Unidad Penitenciaria de Pomona, también condenado a tres años y medio de cárcel como coautor del mismo delito.

El máximo tribunal había dejado firmes las sentencias el jueves, cerrando así la vía de apelaciones para ocho exfuncionarios del gobierno radical de Miguel Saiz, acusados por el uso de fondos públicos para el pago de sobresueldos y adicionales salariales en negro a cargos jerárquicos de la administración provincial entre 2004 y 2010, a través de un mecanismo paralelo al circuito administrativo y sin los controles formales del Estado. Además de Barbeito y González, exministros de Coordinación, fueron condenados Omar Contreras (Turismo), Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social), Diego Larreguy (Gobierno) y el extesorero general José Ongaro.

Barbeito y González recibieron las penas más duras, como autores de peculado, con tres años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, mientras que el resto de los exfuncionarios fueron considerados partícipes necesarios y recibieron condenas en suspenso de dos años y medio. La defensa de Barbeito, a cargo del abogado Damián Torres, confirmó la presentación del exministro ante la policía y adelantó que en los próximos días impulsará un pedido de prescripción de la causa, pese a que la resolución de la Corte declaró “mal concedidos” los recursos extraordinarios por falta de fundamentación suficiente y dejó firme el fallo condenatorio.

La investigación penal se inició en 2011, a partir de una pesquisa periodística del diario Río Negro, y tuvo fuerte impacto político porque se desarrolló en plena campaña electoral provincial. El tribunal de juicio estuvo integrado por los jueces Ignacio Gandolfi, Gustavo Guerra Labayen y Marcelo Valverde, con la acusación a cargo de los fiscales Hernán Trejo y Paula Rodríguez Frandsen, y las condenas fueron luego confirmadas en 2018 por la Cámara Criminal de Viedma y ratificadas en 2020 por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, por mayoría de Ricardo Apcarián y los subrogantes Adrián Zimmermann y Rita Custet, frente a la disidencia de Sergio Barotto y Enrique Mansilla.