Los gremios docentes profundizan el plan de lucha con un paro universitario de cinco días

El conflicto entre el Gobierno nacional y la comunidad universitaria ingresa en una fase de máxima tensión con el inicio de un paro nacional de cinco días que afectará a las casas de altos estudios públicas en todo el territorio. La medida de fuerza, convocada por los principales gremios del sector como Conadu y Conadu Histórica, surge como una respuesta directa a la persistente falta de respuestas oficiales frente a las demandas salariales y presupuestarias. Los representantes sindicales señalaron que, tras el masivo respaldo social obtenido en la última Marcha Federal Universitaria el pasado 12 de mayo, la decisión de endurecer el plan de lucha cuenta con una validación comunitaria contundente frente a lo que consideran una hostilidad manifiesta por parte del Poder Ejecutivo.

En este contexto de parálisis académica, el sector gremial y estudiantil trasladará la visibilización de la protesta a la vía pública mediante la realización de clases abiertas frente al Palacio de Tribunales. La jornada buscará concentrar la atención pública sobre la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa aprobada formalmente por el Congreso de la Nación pero cuyo cumplimiento se encuentra actualmente paralizado y judicializado. Bajo la consigna «Señores jueces, que Milei cumpla la ley», diferentes referentes académicos, legisladores de la oposición y agrupaciones sindicales buscarán presionar de manera pacífica para que los magistrados destraben la aplicación de los fondos indispensables para el normal funcionamiento de las instituciones educativas.

La magnitud del reclamo docente encuentra su justificación técnica en el severo deterioro de los ingresos en el sistema educativo superior. De acuerdo con el último informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) en conjunto con el Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), el personal universitario registra dieciocho meses consecutivos de retroceso salarial frente a la inflación en términos reales. Los datos indican que la brecha acumulada desde fines de 2023 es alarmante: mientras el índice de precios al consumidor experimentó una suba del 303,5% durante la actual gestión presidencial, las actualizaciones salariales otorgadas alcanzaron apenas un 165,4%, provocando una pérdida real del poder adquisitivo superior al 34%.

A este complejo panorama salarial se le suma una profunda preocupación respecto a la sustentabilidad presupuestaria para el próximo ciclo económico. Las proyecciones del Presupuesto Oficial para 2026 estiman un nuevo recorte real del 16,9% en los recursos destinados a las universidades nacionales, una reducción que consolidaría un desplome histórico en el financiamiento estatal. Según los relevamientos de las entidades de investigación científica, de concretarse estas previsiones presupuestarias, la reducción de partidas acumularía una caída real cercana al 37% en comparación con los valores registrados en el año 2023, amenazando la continuidad de proyectos de investigación y el mantenimiento básico de las estructuras de educación pública.

Finalmente, las distintas vertientes que componen el frente sindical y las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificaron que el plan de lucha continuará expandiéndose si no se establece un canal de negociación real. Desde la Conadu apuntaron contra la estrategia oficialista de ubicar a la universidad pública en el rol de «enemigo» institucional para justificar la quita de fondos, advirtiendo que la defensa del sistema educativo nacional se mantendrá firme en los ámbitos social, político y legal.