Política
La CGT festejó el freno judicial a la reforma laboral y el Gobierno ya avisó que apelará
La central obrera logró una cautelar que suspendió 64 artículos de la Ley de Modernización Laboral.
La pelea por la reforma laboral entró en una nueva fase. La CGT celebró el fallo de primera instancia que suspendió la aplicación de 64 artículos centrales de la Ley de Modernización Laboral, mientras que el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que apelará la decisión para intentar revertirla. De momento, rige la vieja ley.
La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de una acción declarativa promovida por la central obrera, que cuestionó la constitucionalidad de distintos puntos de la norma aprobada por el Congreso.
La CGT leyó el fallo como un respaldo político y sindical
Para la conducción cegetista, la cautelar no sólo frena una parte medular de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, sino que además fortalece su rol como sujeto de representación frente a una ofensiva oficial que apunta, entre otras cosas, a recortar el poder de negociación de los sindicatos.
A través de un comunicado, la central sostuvo que el fallo reconoce su legitimidad para representar al conjunto de los trabajadores, no sólo a los asalariados formales, sino también a informales, jubilados y activos.
La CGT remarcó además que la Justicia advirtió que los artículos cuestionados podrían afectar derechos laborales básicos, entre ellos la protección del trabajo, la negociación colectiva, el derecho de huelga y la libertad sindical.
En esa línea, el sindicalismo volvió a cargar contra el contenido de la ley, a la que considera una herramienta de flexibilización encubierta, orientada a debilitar garantías laborales históricas y a correr a las organizaciones sindicales de lugares clave de representación.
El Gobierno no retrocede y jugará fuerte en los pasillos de tribunales
Del otro lado, el Ministerio de Capital Humano dejó en claro que no piensa ceder terreno. La cartera que conduce Sandra Pettovello anunció que apelará el fallo con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, con el objetivo de restablecer la plena vigencia de la Ley 27.802.
El Gobierno sostiene que la reforma es una pieza central de su programa económico y que apunta a crear empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica para empleadores y trabajadores. Para hacerlo, se propuso recortar una serie importante de derechos que habían conquistado los trabajadores.
Detrás de esa defensa aparece una idea que el oficialismo repite desde el inicio de la gestión: que el mercado laboral argentino está trabado por una maraña normativa y corporativa que desalienta contrataciones y perpetúa el estancamiento.
Por eso, en Capital Humano remarcaron que agotarán todas las instancias judiciales necesarias para sostener la constitucionalidad de una ley que, recuerdan, fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso.
Una disputa que excede lo técnico
El fallo reabre una discusión que no es sólo jurídica. Es profundamente política porque lo que está en juego no es solo la validez de 64 artículos, sino el sentido general de la reforma laboral y el modelo de relaciones de trabajo que el Gobierno intenta consolidar.
La CGT interpreta que la ley busca avanzar sobre derechos históricos del movimiento obrero. El oficialismo, en cambio, la presenta como una condición indispensable para modernizar la economía.
En ese contrapunto se juega algo más amplio: si el programa libertario puede seguir avanzando sobre uno de los núcleos más sensibles del sistema político argentino o si el sindicalismo logra reconstruir capacidad de veto, al menos en sede judicial.
Un conflicto que recién empieza
Mientras la CGT ratificó que continuará con su ofensiva judicial y política contra la reforma, el Gobierno se prepara para dar la pelea en instancias superiores.
Así, el fallo de primera instancia aparece menos como un cierre que como el comienzo de una nueva etapa de conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado.
