PIAP: la Legislatura mete presión y crece la incertidumbre por el futuro de la planta

Hace casi una década que la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito no produce nada. Y aunque el edificio sigue en pie sobre la confluencia del río Limay y la Ruta 237, adentro el panorama es cada vez más complicado: los trabajadores cobran en cuotas, el último contrato de mantenimiento ya venció y el financiamiento nacional brilló por su ausencia. Esta semana, la Legislatura neuquina intentó mover el amperímetro.

En la comisión de Energía de la Cámara, los diputados debatieron un proyecto de comunicación impulsado por Unión por la Patria para exigirle al Gobierno nacional que explique qué piensa hacer con la planta. El texto todavía no se aprobó —lo reformularon y lo pasaron para la semana que viene— pero el intercambio dejó en claro que la PIAP sigue siendo un tema caliente, con lecturas bien distintas según desde dónde se mire.

El convenio que Milei no respetó

El diputado Darío Martínez, exsecretario de Energía durante la gestión de Alberto Fernández, fue quien presentó y defendió la iniciativa. Según su relato, en 2023 se firmó un convenio entre Nación, Provincia y la propia PIAP para poner en marcha la planta y asegurar su mantenimiento. Ese acuerdo, dijo, quedó en el camino cuando la administración de Javier Milei decidió cortar los pagos.

«Se firmó un contrato y entendemos que unilateralmente Nación cortó con esos pagos», sostuvo Martínez. El objetivo del proyecto, explicó, es simple: que la Legislatura le pregunte formalmente al Ejecutivo nacional si planea retomar ese financiamiento, cuándo y bajo qué condiciones. Una pregunta básica, pero que hasta ahora no tiene respuesta oficial.

La diputada del MPN Paola Cabezas aportó otra dimensión al debate: la incertidumbre que viven los trabajadores de la planta, que llevan meses sin saber qué pasará con sus empleos. Desde el bloque de izquierda, Andrés Blanco (PTS-FIT) fue más allá y propuso que la comisión visite físicamente la PIAP para ver con sus propios ojos el estado de las instalaciones. «Que los trabajadores nos muestren cómo están», dijo.

Una pelea que tiene dueño

Desde el oficialismo provincial, el legislador Francisco Lépore (Avanzar) salió a poner paños fríos —y también a distribuir responsabilidades. Aclaró que la PIAP es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que la empresa operadora ENSI tiene mayoría accionaria nacional, y que la participación de la provincia en todo esto es «muy minoritaria». En pocas palabras: el problema es de Nación, no de Neuquén.

Lépore también señaló que el recorte responde a una política más amplia del Gobierno de Milei, que aplicó la misma lógica en organismos como el INTA o el INTI. No es una decisión aislada, sino parte de un patrón.

Martínez no coincidió con la lectura de que Neuquén tiene poco que ver, pero sí acordó en algo: el pedido de información tiene que apuntar principalmente hacia la Casa Rosada. También remarcó un dato que no es menor: las centrales nucleares del país todavía necesitan agua pesada para funcionar, y esa producción hoy no existe.

La CNEA, por su parte, publicó hace pocos días en redes sociales que está elaborando un pliego licitatorio para el «revamping y reactivación» de la planta. Una señal que algunos leen con esperanza y otros con escepticismo, dado el historial de anuncios sin concreción que rodea a la PIAP desde 2017.

Por ahora, el proyecto vuelve a comisión. La semana que viene se verá si tiene los votos para avanzar al recinto y convertirse en un pedido formal. Mientras tanto, en Arroyito, los trabajadores siguen esperando que alguien, en algún despacho, decida de una vez qué va a pasar con su planta.