Política
Según una encuesta, el 57% quiere que el Estado reduzca desigualdades
El observatorio Pulsar UBA midió un giro en las preferencias en relación a 2023.
Cuando Javier Milei asumió, el 53% de los argentinos prefería trabajar en el sector privado antes que en el público, ante condiciones y salarios equivalentes. Hoy esa relación se invirtió: el 50% elegiría el sector público y el 47% el privado, según el último relevamiento del observatorio Pulsar UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas y la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, realizado sobre 1.252 personas mayores de 18 años de distintos puntos del país.
El Estado, de vuelta
El dato más significativo del informe es la posición sobre el rol del Estado en la economía: el 57% considera que debe tener un papel activo para reducir las desigualdades económicas. El 41% sostiene la posición contraria: que el Estado no debería intervenir y que las diferencias económicas deben depender del esfuerzo individual.
La preferencia por el empleo público sigue una tendencia similar. En 2023, el 60% consideraba que la mayor parte de los puestos de trabajo debía ser creada por empresas privadas, contra un 33% que asignaba ese papel al sector público y estatal. En la medición actual, esa ventaja prácticamente desapareció: 50% privado, 46% estatal.
Las diferencias según el voto
El informe desagrega por afinidad política. Entre los votantes del peronismo, el 67% prefiere un Estado activo en la reducción de desigualdades. Entre los de La Libertad Avanza, el 58% se inclina por la no intervención y las diferencias basadas en el esfuerzo individual (aunque un 41% del propio electorado libertario sostiene la posición contraria). Entre los de Juntos por el Cambio, el 60% prefiere menor intervención estatal y el 37% se ubica del lado opuesto.
Los que no se identifican con ningún partido se ubican prácticamente en posición intermedia entre ambas posturas.
El relevamiento no mide causas, pero la cronología es elocuente. El giro en las preferencias se produce tras casi tres años de gestión en la que el ajuste del Estado fue el eje central del programa económico: 74.000 empleos públicos menos, salario real en caída sostenida y desempleo creciente.
