Política
DNU 70/23: a la oposición le faltan 14 bancas para el quórum en Diputados
Las negociaciones subterráneas con el pichettismo, los gobernadores y la UCR definirán la suerte de la sesión del 15 de octubre.
Tras el impacto político que generó el fallo de la Corte Suprema convalidando la derogación de la Ley de Tierras, los bloques opositores que buscan asestarle el tiro de gracia al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en Diputados avanzan con los preparativos para convocar a una sesión especial el próximo miércoles 15 de octubre. Sin embargo, las planillas parlamentarias marcan que aún les restan amarrar 14 voluntades para alcanzar el piso de 129 diputados que exige el quórum reglamentario para abrir el recinto.
Hasta el momento, los sectores que promueven dar de baja el DNU cuentan con un núcleo duro y confirmado de 115 voluntades. Esta base se compone principalmente por el bloque de Unión por la Patria —que aporta 99 bancas—, los 5 integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) y un grupo de legisladores radicales descontentos enrolados en el espacio Democracia para Siempre, encabezado por Facundo Manes y Pablo Juliano.
Para dar el salto cuantitativo hacia el número mágico de 129, la oposición mira con detenimiento a las bancadas intermedias. El bloque que encabeza Miguel Ángel Pichetto (16 integrantes) se encuentra atravesado por debates internos; mientras algunos de sus miembros coinciden en el rechazo a la concentración de atribuciones del Ejecutivo, otros advierten sobre el riesgo de generar un vacío normativo de magnitud.
Diputados de bloques provinciales pertenecientes a Innovación Federal (con terminales en Salta, Misiones y Río Negro) e Independencia (Tucumán) evalúan el impacto de confrontar abiertamente con la Casa Rosada en medio de las discusiones por el Presupuesto y las transferencias de recursos. La bancada radical conducida por Rodrigo de Loredo continúa bajo tensiones internas entre quienes rechazan colaborar con una iniciativa del peronismo y aquellos que reclaman poner un freno al avance de los decretos presidenciales.
La estrategia de contención de la Casa Rosada
Desde la cúpula legislativa de La Libertad Avanza y el despacho de Martín Menem trabajan para evitar que el recinto abra sus puertas. La estrategia del oficialismo pasa por desarticular cualquier principio de acuerdo entre las bancadas dialoguistas y la oposición dura, apelando tanto a la presión política directa como a la persuasión sobre gobernadores que requieren auxilio financiero para sus administraciones.
En las reuniones de pasillo, los operadores gubernamentales agitan los costos colaterales que implicaría anular el decreto en su totalidad. Argumentan que una votación adversa derribaría regímenes que hoy rigen la vida económica cotidiana, desde la desregulación de los alquileres urbanos hasta aspectos comerciales y de desburocratización aduanera.
El 15 de octubre en la mira
La pulseada por el DNU 70/2023 se resolverá en el transcurso de los próximos días, cuando los convocantes decidan si presentan formalmente el pedido de sesión con las firmas recolectadas o si postergan la jugada para terminar de cerrar los acuerdos pendientes. Para que una norma dictada al amparo del artículo 99 inciso 3 de la Constitución quede completamente invalidada, la Ley 26.122 exige el rechazo expreso de ambas Cámaras del Congreso.
Habiendo obtenido ya el voto negativo de la Cámara alta en marzo de 2024, un eventual triunfo opositor en la Cámara baja consagraría un hecho sin precedentes en la vida institucional moderna: la caída formal e irrevocable en manos del Congreso del principal andamiaje jurídico de un gobierno recién iniciado.
