Ley de Tierras: el peronismo del Senado presentó un proyecto para restituir la ley de 2011

Tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desestimó los amparos contra el mega DNU presidencial y habilitó formalmente la derogación del régimen protectorio, el interbloque justicialista en la Cámara alta presentó formalmente un proyecto de ley para dar de baja el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y restablecer la plena vigencia de la Ley de Tierras (N° 26.737). La ofensiva legislativa busca frenar por la vía constitucional la extranjerización irrestricta de campos, espejos de agua dulce y zonas de frontera.

El proyecto en el Senado

La iniciativa, impulsada con las firmas de las principales autoridades de la bancada como José Mayans y Juliana di Tullio, apunta a desarticular la reforma por decreto que ejecutó el presidente Javier Milei al comienzo de su mandato. El texto legislativo propone la derogación expresa de los apartados desregulatorios y reinstala el andamiaje jurídico sancionado en 2011:

• Tope a la titularidad foránea: Restablecer el límite estricto del 15% a la posesión o tenencia de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental.

• Blindaje de recursos hídricos: Reincorporar la prohibición absoluta de enajenar inmuebles que contengan o limiten con cuerpos de agua permanentes, humedales, lagos y zonas de glaciares.

• Control fronterizo: Reestablecer los controles de seguridad en las franjas limítrofes para resguardar la integridad territorial del Estado frente a intereses foráneos.

Desde la bancada opositora argumentaron que la vía del decreto no puede sustituir la potestad exclusiva del Congreso en materia de régimen de propiedad y seguridad territorial. Denunciaron que la habilitación del mercado libre de tierras compromete el patrimonio de las futuras generaciones.

«Es inaceptable que le nieguen legitimación a los excombatientes»

Uno de los ejes más contundentes del posicionamiento parlamentario estuvo dirigido a la fundamentación jurídica empleada por los jueces del Palacio de Tribunales. La Corte Suprema revocó la sentencia que declaraba inconstitucional la medida sosteniendo que una asociación no cuenta con legitimación para accionar en defensa de la soberanía territorial como si fuera un derecho de incidencia colectiva, conforme al artículo 43 de la Carta Magna.

Frente a esa postura, los senadores peronistas cuestionaron con dureza la doctrina del máximo tribunal:

«Es inaceptable que la Corte le niegue legitimación a quienes arriesgaron su vida en defensa de la Patria.»

El señalamiento apuntó al rechazo judicial que sufrieron los amparos presentados por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata). Para los legisladores, acudir a tecnicismos procesales sobre la figura del «caso concreto» no fue más que un ardid para eludir el control de constitucionalidad sustancial sobre el abuso de los decretos de necesidad y urgencia.

Sesión especial

La presentación del proyecto se complementa con una estrategia parlamentaria de acción directa. El interbloque opositor ya adelantó que solicitará una sesión especial en el Senado para forzar el tratamiento del DNU 70/2023 en el recinto y poner en debate tanto la norma de fondo como la conducta de los magistrados del máximo tribunal.

La discusión trasladará la presión hacia los senadores que responden a los gobernadores provinciales, particularmente en las regiones patagónica y del norte argentino, donde la concentración de tierras y el acceso a recursos minerales e hídricos constituyen problemáticas de primer orden.