El Gobierno eliminó las compensaciones a micros por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad

El Gobierno nacional formalizó una nueva medida de desregulación que impacta directamente sobre el sistema de protección de los sectores más postergados. Por medio de la Resolución 28/2026, publicada por la Secretaría de Transporte, el Poder Ejecutivo eliminó formalmente el régimen de compensaciones económicas que el Estado nacional otorgaba a las empresas de ómnibus de larga distancia. Este mecanismo financiero, que funcionaba de manera continua desde el año 2018, tenía como objetivo subsidiar parcialmente el costo de los pasajes que las compañías de transporte terrestre están obligadas a entregar de forma gratuita a personas con condiciones de vulnerabilidad médica o social.

Bajo el argumento oficial de avanzar hacia una «simplificación normativa» y eficientizar los recursos públicos, la actual gestión resolvió cortar los desembolsos hacia el sector empresarial privado. La medida afecta de manera directa el andamiaje que permitía sostener el derecho a viajar sin cargo no solo a las personas con discapacidad con su respectivo Certificado Único de Discapacidad (CUD), sino también a pacientes trasplantados, ciudadanos que se encuentran en lista de espera del Incucai y niños bajo tratamientos oncológicos. El Ministerio de Economía profundiza el esquema de recorte del gasto público en áreas de sensibilidad social e institucional.

A pesar de la quita del financiamiento estatal, el texto de la normativa oficial se encarga de aclarar de manera explícita que el derecho a la gratuidad de los pasajes «permanece plenamente vigente y exigible» para todos los beneficiarios amparados por las leyes nacionales. Desde la óptica del Poder Ejecutivo, la eliminación de las compensaciones no debería alterar la entrega de los boletos, ya que la obligación legal recae directamente sobre las operadoras del servicio de larga distancia, quienes a partir de ahora deberán absorber los costos logísticos en la totalidad de sus frecuencias habituales.

Sin embargo, las repercusiones prácticas en el sector de transporte terrestre anticipan un escenario de fuerte conflictividad y trabas burocráticas para los usuarios. Distintas cámaras empresarias manifestaron encontrarse en una situación de severa asfixia financiera debido al encarecimiento de los insumos y la caída del consumo general. Por este motivo, en diversas terminales de ómnibus del país ya comenzaron a registrarse denuncias por el retaceo o la limitación encubierta de los cupos diarios para viajar de forma gratuita, ante la imposibilidad de las firmas de sostener el sistema sin contraprestación del Estado.

Por último, los colectivos de derechos humanos y las organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad expresaron su profundo rechazo a la resolución y advirtieron sobre el riesgo inminente de judicialización del conflicto. Los representantes del sector denunciaron que estas modificaciones forman parte de un «goteo constante» de quita de derechos que ya acumula pérdidas reales en las prestaciones sanitarias y de traslado. De no normalizarse la disponibilidad de boletos en las boleterías del país, los usuarios damnificados planean recurrir a amparos colectivos para exigir que la Justicia garantice de forma efectiva su derecho constitucional a la movilidad y la salud.