Ley de Glaciares: Diputados inicia las audiencias públicas con récord de oradores

La Cámara de Diputados de la Nación se convierte hoy en el epicentro de una discusión ambiental y política al dar inicio a la primera audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales dispuso un esquema de participación mixto que, pese a contar con más de 100 mil inscriptos interesados en exponer, solo permitirá la palabra presencial y virtual a unos 400 oradores durante dos jornadas. Este recorte en la participación ciudadana ya genera roces administrativos y políticos, dado que miles de personas deberán canalizar sus posturas únicamente a través del envío de videos o escritos en una plataforma digital.

El oficialismo, encabezado por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, ratificó un cronograma estricto para las exposiciones, limitando el tiempo de cada orador a cinco minutos. Esta decisión busca procesar la mayor cantidad de testimonios de las 24 jurisdicciones en un tiempo récord, pero ha despertado críticas unánimes de bloques opositores como Unión por la Patria, la izquierda y Provincias Unidas. Estos sectores reclaman una extensión de las jornadas de debate, argumentando que la complejidad del tema y el volumen de inscriptos ameritan un tratamiento más profundo y menos apresurado para garantizar una verdadera escucha democrática.

En el plano judicial, la realización de las audiencias atravesó horas de incertidumbre. Si bien el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5 rechazó un pedido de suspensión presentado por particulares, todavía persiste la expectativa sobre una segunda medida cautelar impulsada por organizaciones de peso como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Estas entidades exigen que la Justicia ordene al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los anotados, denunciando que el esquema actual vulnera el derecho al acceso a la información y a la participación pública en temas ambientales sensibles.

El operativo de seguridad en las inmediaciones del Palacio Legislativo también refleja la temperatura del debate. Desde las primeras horas de la mañana, fuerzas federales implementaron cortes de tránsito en arterias clave como Avenida Entre Ríos y Rivadavia, blindando los accesos al Congreso. Solo se permite el ingreso a aquellas personas que fueron notificadas fehacientemente por correo electrónico, mientras que a los bloques políticos se les solicitó reducir al mínimo la presencia de asesores en la sala para evitar desbordes en un recinto que se anticipa pequeño para la magnitud de la convocatoria.

Para la tarde de este miércoles, se espera que la tensión se traslade a la calle con una marcha convocada por diversas organizaciones ambientalistas. La movilización buscará presionar por la ampliación de los días de audiencia y manifestar su rechazo a los cambios en la normativa aprobada previamente por el Senado, que consideran un retroceso en la protección de los ecosistemas hídricos.