El Gobierno oficializó la reforma laboral: los puntos clave de la normativa

El Poder Ejecutivo oficializó este viernes la Ley de Modernización Laboral mediante su publicación en el Boletín Oficial. La normativa, que consta de 25 capítulos, introduce reformas profundas en la Ley de Contrato de Trabajo y regímenes especiales como el agrario y el de casas particulares.

Según el texto oficial, el objetivo central es actualizar las relaciones de trabajo y promover la formalización del empleo en todo el territorio nacional, luego de que se eliminaran del proyecto original los artículos referidos a licencias médicas. Desde diversos sectores de la oposición esgrimen que la reforma está diseñada a medida de los empleadores y que no existen garantías que indiquen que va a mejorar los indicadores de empleo formal.

Indemnizaciones y el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este sistema reemplaza el esquema tradicional de indemnizaciones por un fondo de cese financiado mediante una contribución mensual obligatoria a cargo del empleador. Las empresas deberán aportar el 1% de la remuneración (en el caso de grandes firmas) o el 2,5% (para MiPyMEs) en cuentas individuales inembargables destinadas exclusivamente a cubrir el pago por fin de la relación laboral.

Flexibilidad en la jornada y vacaciones

En cuanto a la organización del tiempo de trabajo, la ley habilita esquemas de flexibilidad horaria que permiten extender la jornada diaria hasta un máximo de 12 horas, siempre que exista acuerdo entre las partes y se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. Respecto a las vacaciones, si bien se mantiene el período estacional (octubre a abril), ahora se permite fraccionar el descanso en distintos tramos, con una duración mínima de siete días cada uno. Además, se amplían los periodos de prueba: seis meses para personal de casas particulares y ocho meses para el trabajo agrario.

Cambios en derechos colectivos y servicios esenciales

La reforma también redefine el rol de los sindicatos y la vigencia de los convenios. Se estableció un tope del 2% para la cuota solidaria sindical y se dio prioridad a los acuerdos por empresa o regionales sobre los convenios sectoriales. Asimismo, se limitó la «ultraactividad» (continuidad automática de cláusulas vencidas). Para mitigar el impacto de medidas de fuerza, se definieron servicios esenciales (salud, educación, energía) que deberán garantizar un 75% de prestación mínima, mientras que actividades trascendentales como el transporte deberán asegurar el 50%.

Incentivos a la inversión y formalización

Para combatir la informalidad, se lanzó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que ofrece reducciones en contribuciones patronales por 48 meses para nuevos contratos. Además, el programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) permitirá a empleadores regularizar trabajadores vigentes con una condonación de deuda no inferior al 70%. Finalmente, se creó el RIMI (Incentivo para Medianas Inversiones), que otorga beneficios fiscales como amortización acelerada en Ganancias para inversiones productivas que superen montos mínimos según el tamaño de la empresa.