Neuquén
Explosión y muerte en una escuela de Vaca Muerta: ¿Condenan a exfuncionarios?
El juicio por las muertes de Aguada San Roque se centró en la «corrupción» de la obra pública.
En cinco días hábiles se conocerá el veredicto sobre el juicio por la explosión y muerte en la Escuela 144 de Aguada San Roque, donde fallecieron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés, y su sobrino Mariano Spinedi, el 29 de junio de 2021.
Es un caso que involucra a cuatro exfuncionarios de Obras Públicas de la gestión de Omar Gutierrez y dos representantes de la empresa Arte Construcciones SRL.
ATEN está como querellante en la causa, que llevó 11 audiencias, 9 probatorias en Ciudad Judicial de Neuquén y 2 en los alegatos que se llevaron a cabo en Cutral Co.
El fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal del caso, Gabriela Macaya, en la causa de Aguada San Roque.
Los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo, tomarán una decisión sobre la responsabilidad de los imputados el martes 3 de septiembre a las 12.
El fiscal Gastón Liotard, al igual que los abogados querellantes Darío Kosowski, Emanuel Roa Moreno y Federico Egea, pidió la culpabilidad de los acusados. “No seamos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes”, había dicho en el inicio de su alegato.
Aguada San Roque: la obra pública y la pandemia
La muerte de la escuela se produjo en plena pandemia, en un paraje en el corazón de Vaca Muerta, en Neuquén. Allí las escuelas se calefaccionan con gas propano y las cargas dependen de YPF Gas.
La explosión se produjo cuando la escuela aún estaba en obra.- Había empezado a finales de 2021, pasó la pandemia, los cortes de ruta por parte de los elefantes de Salud y se ventilan irregularidades administrativas.
“No seamos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes” – fiscal Gastón Liotard
La querella busca una condena a la empresa Arte Construcciones SRL y a los exfuncionarios, por el delito de estrago culposo, administración fraudulenta y falsificación ideológica. Una condena pondría en una situación incómoda a la provincia de Neuquén.
¿Hay más obras que no se controlan y que generan un riesgo para la comunidad? Es lo que hay como telón de fondo.
En cambio, la defensa de los imputados, compuesta por Juan Mauel Coto, Gonzalo Rodríguez, Martín Segovia, Iván Chelia y Melina Pozzer, abonan otra teoría: que no hay relación entre la explosión y muerte y la responsabilidad penal de los funcionarios.
¿La culpa de los exfuncionarios o el gasista?
Hablan de la ausencia de un “nexo causal”, y el origen de la explosión en la escuela, y que el responsable fue Francés, el gasista fallecido, quien estaba trabajando en la zona de los calefactores cuando la escuela explotó. Horas antes se sentía olor a gas, y no advirtió esas señales.
También apuntan a la directora Martha Báez, quien habilitó el inicio de clases, sabiendo que la escuela estaba en obra, más allá de la Resolución 440/21, que emanó el Consejo Provincial de Educación (CPE), que señalaba cuáles eran las condiciones y los colegios estavlecidos para un “regreso seguro y situado” en la pandemia.
En el juicio pasaron 108 testigos, pero por las convenciones probatorias, declararon menos de la mitad de ellos.
Uni por uno, los imputados por la explosión
Héctor Villanueva – Sociogerente de Arte Construcciones
Estrago culposo agravado, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Diego Bulgheroni – arquitecto de Arte Construcciones
Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Sergio Percat – inspector de obra
Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real concurso real con falsificación ideológica de documento público.
Raúl Capdevilla – director provincial de Obras Contratadas
Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Carlos Córdoba – Director de Obras Públicas
Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Roberto Deza – subsecretario de Obras Públicas
Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
