boca de pozo
¿Argentina es racista?
Lejos del mito del «crisol de razas», la Argentina enfrenta un racismo estructural que opera en la burocracia, la violencia policial y la discriminación hacia pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes, cuestionando la presunta homogeneidad de la sociedad.
En los últimos días, las redes sociales, las mesas de café y los estudios de televisión volvieron a encender una discusión recurrente sobre si la Argentina es o no un país racista. Mientras gran parte del discurso habitual se apresura a contestar de forma negativa, amparándose en el histórico mito del «crisol de razas» y en la presunta ausencia de conflictos étnicos explícitos, la realidad en los barrios, las comisarías y los tribunales cuenta una historia sensiblemente distinta.
En sus reflexiones sobre la alteridad, Jean-Paul Sartre proponía la noción provocadora de que, en cierta medida, «todos podemos ser racistas» (Con esta afirmación no solo apuntaba a la incesante capacidad humana para menospreciar al «Otro» al construir la propia identidad, sino que ponía a prueba su premisa existencialista: «cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, […] es responsable de todos los hombres».
Si bien calificar a todos de racistas resulte una exageración teórica, el recurso busca traspasar las racionalizaciones cotidianas y visibilizar cómo en la cotidianeidad opera un mecanismo de exclusión que niega la propia responsabilidad sobre las violencias invisibles.
El racismo en el país no siempre grita; muchas veces susurra desde la burocracia, se disimula en las rutinas de control social y se materializa en lo que las fuerzas de seguridad denominan, con peligrosa naturalidad, «olfato policial».
Claves para entender el racismo moderno
Uno de los principales obstáculos para debatir esta problemática en la opinión pública es la tendencia a encasillar el racismo exclusivamente en instituciones del pasado o en expresiones de discriminación explícita. Sin embargo, el verdadero desafío analítico consiste en comprender cómo se transforma y opera en la actualidad. Como señala el filósofo Étienne Balibar, la clave reside en rastrear de qué manera gran parte de las exclusiones históricas se transmiten, reconfiguran y perpetúan en las tensiones del presente.
Para comprender la especificidad de este fenómeno en nuestro contexto, los sociólogos argentinos Ezequiel Ipar y Diego Giller abordan esta complejidad en su trabajo titulado «¿De qué racismo(s) somos contemporáneos en Argentina?. En su investigación, los autores demuestran que las ideologías racistas contemporáneas en el país operan mediante una doble articulación.
Por un lado, se sostienen en la fantasía identitaria de equiparar a la nación con un perfil «blanco, moderno y europeo», proyectando una ilusión de pertenencia simbólica al Primer Mundo. Por otro lado, al racializar a las poblaciones migrantes u originarias, el sistema no busca simplemente expulsarlas, sino subordinarlas socialmente y sobreexplotarlas como fuerza de trabajo precarizada.
Este racismo moderno no suele admitirse de forma abierta; funciona sumergido a través del humor, la minimización cotidiana y el clasismo, justificando la quita o la restricción de derechos fundamentales bajo el argumento de la escasez de recursos públicos.
La matriz histórica del despojo y la invención de la Argentina blanca
La raíz de este fenómeno se remonta al proyecto de Estado del siglo XIX, edificado sobre la negación y el despojo material y simbólico de las poblaciones indígenas, africanas y mestizas. Bajo la influencia del darwinismo social, las élites criollas impulsaron el reemplazo poblacional mediante la inmigración europea.
Este sesgo quedó consagrado institucionalmente: la Constitución histórica asociaba al indígena con la «barbarie» —encomendando su trato pacífico y conversión—, mientras intelectuales como Domingo Faustino Sarmiento daban por extintas a las comunidades no europeas y Juan Bautista Alberdi consagraba en el artículo 25 la prioridad del inmigrante europeo como sinónimo de progreso.
Aunque la reforma constitucional de 1994 reconoció la preexistencia étnica y en 1998 se promulgó la ley de autoidentificación censal, décadas de invisibilización estadística afianzaron el mito de la homogeneidad racial.
Esta violencia estatal trasciende lo historiográfico: en 2020, la Cámara Federal de Resistencia calificó como genocidio la masacre de Rincón Bomba de 1947, donde la Gendarmería y la Fuerza Aérea masacraron a cientos de indígenas pilagá en Formosa, evidenciando que el exterminio y el sometimiento operaron como políticas de Estado sostenidas en el tiempo.
El caso Delfín Acosta: la postal de la violencia policial y la impunidad de los noventa
Para comprender que el racismo local no constituye una percepción subjetiva sino un problema de responsabilidad internacional, resulta indispensable examinar en detalle el caso de José Delfín Acosta Martínez.
Afrodescendiente de nacionalidad uruguaya, militante y referente en la visibilización de la cultura afro en Buenos Aires, Acosta Martínez fue víctima el 5 de abril de 1996 de un operativo que sintetizó la brutalidad policial y la selectividad punitiva de la época. Aquella noche, al salir de un boliche en el barrio porteño de Monserrat, intervino de forma pacífica al advertir que agentes de la Comisaría 1ª de la Policía Federal estaban requisando y agrediendo arbitrariamente a dos jóvenes afrodescendientes a partir de una denuncia anónima. Su único reclamo fue señalar lo evidente: que los estaban arrestando por su color de piel.
La respuesta policial no se hizo esperar. Pese a que ninguno de los tres jóvenes portaba armas ni registraba antecedentes o pedidos de captura, todos fueron trasladados a la comisaría. A Acosta Martínez se le aplicó el edicto policial sobre ebriedad y otras contravenciones, una herramienta legal ampliamente utilizada durante los años noventa para justificar detenciones arbitrarias sin control judicial previo.
Pocas horas después de su ingreso a la celda, José Delfín falleció bajo custodia del Estado. Pese a que el cuerpo presentaba claros indicios de golpes y contusiones, la versión oficial del hecho sostuvo que había sufrido una sobredosis de drogas y que las lesiones respondían a actos autoinfligidos, argumento que sirvió para archivar rápidamente la causa en los tribunales locales.
El fallo internacional que acorraló al Estado
Durante más de dos décadas, la familia de Acosta Martínez —encabezada por su hermano Cristina Acosta Martínez y colectivos de la comunidad afro— llevó adelante una incansable lucha contra la impunidad y el hostigamiento estatal. El reclamo no solo buscaba justicia por la muerte de José Delfín, sino también denunciar un patrón sistemático de violencia institucional que afectaba de manera desproporcionada a la población afrodescendiente y a los sectores vulnerados en los barrios populares.
El hito definitivo llegó el 31 de agosto de 2020, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia histórica en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y la igualdad ante la ley. Ante el tribunal internacional, la Argentina tuvo que realizar un reconocimiento explícito de su responsabilidad, admitiendo por primera vez que la muerte de Acosta Martínez no constituyó un hecho aislado, sino un caso paradigmático de persecución motivado por el uso sistemático de perfiles raciales.
La sentencia de la Corte IDH no se limitó a ordenar reparaciones económicas, sino que estableció garantías de no repetición de alcance estructural. Entre ellas, ordenó la capacitación obligatoria para las fuerzas de seguridad sobre el carácter discriminatorio del perfilamiento racial, la creación de un registro oficial de denuncias por detenciones arbitrarias y la producción periódica de datos estadísticos sobre la población afrodescendiente. Pese al vencimiento de varios de los plazos fijados por el fallo, la plena implementación de estas medidas continúa siendo una asignatura pendiente.
El fallo «Bara Sakho» y la persecución en la venta ambulante
Diez años antes de la condena internacional por el caso Acosta Martínez, la propia justicia de la Ciudad de Buenos Aires ya había encendido las alarmas sobre el sesgo policial hacia los migrantes afrodescendientes.
El 11 de agosto de 2010, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad hizo lugar a un hábeas corpus colectivo y preventivo impulsado por Bara Sakho, Ibrahima Mbaye y Serigne Lam en representación de más de dos mil trabajadores ambulantes de la comunidad senegalesa —muchos de ellos en condición de refugiados— que se desempeñaban en la zona de Constitución vendiendo relojes y bijouterie de escaso valor para subsistir.
La acción judicial denunció una práctica sistemática de acoso, arrestos ilegales, secuestro desproporcionado de mercadería y la retención indebida de documentación provisoria por parte de las fuerzas de seguridad, con aviso tardío a las fiscalías.
A esto se sumaba una grave vulneración al derecho de defensa provocada por la barrera del idioma, ya que los operativos se realizaban sin garantizar intérpretes ni explicaciones en castellano a personas que no dominaban la lengua, profundizando su desprotección.
El Tribunal Superior porteño dictaminó que la actuación estatal configuraba un claro supuesto de discriminación indirecta o de impacto desigual, fenómeno que ocurre cuando una práctica o norma neutral en apariencia genera efectos excesivos y desproporcionados sobre un grupo vulnerabilizado.
El máximo tribunal local calificó al colectivo senegalés como un sector en extrema vulnerabilidad por la confluencia de su condición migratoria, la barrera lingüística y la precariedad económica, ordenando a los agentes de prevención abstenerse de adoptar medidas precautorias arbitrarias y comunicar de inmediato cualquier procedimiento a los fiscales. Asimismo, recomendó la elaboración de un protocolo de actuación conjunto entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal para adecuar los operativos a los estándares internacionales de derechos humanos.
A pesar de las severas advertencias del fallo «Bara Sakho», el uso punitivo del aparato estatal contra los trabajadores senegaleses se sostiene en la actualidad tanto en CABA como en diversos municipios del Conurbano Bonaerense. Frente a la imposibilidad de detener por venta ambulante de subsistencia —actividad expresamente exceptuada de sanción en el Código Contravencional porteño—, la intervención de las fuerzas de seguridad suele derivar en la imputación de figuras penales elásticas como la resistencia a la autoridad o la infracción a la Ley de Marcas para justificar desalojos violentos y arrestos.
Las mediciones del Ministerio Público de la Defensa confirman que la gran mayoría de las personas de nacionalidad senegalesa asistidas en causas penales reporta haber sufrido episodios de violencia física o verbal durante su detención, revelando la persistencia de mecanismos de control social guiados por la nacionalidad y el color de piel.
La violencia institucional en Nam Qom y la discriminación estructural del presente
La vigencia del racismo institucional y la discriminación estructural en la Argentina encuentra una de sus expresiones más graves en la situación cotidiana que enfrentan las comunidades originarias.
Un ejemplo de este ensañamiento ocurrió el 16 y 17 de agosto de 2002 en el barrio Nam Qom de Formosa, donde más de cien policías provinciales sitiaron a la comunidad Qom durante cuarenta horas tras la muerte de un agente. El operativo derivó en allanamientos sin orden judicial, torturas, abusos sexuales, destrucción de pertenencias y agresiones verbales racistas con la connivencia de autoridades judiciales presentes en el lugar, garantizando la impunidad posterior de los efectivos involucrados. Este caso, llevado ante el sistema interamericano de derechos humanos, expuso la desprotección absoluta y el desprecio institucional hacia la población indígena.
Actualmente, organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU y Relatores Especiales señalan que la discriminación contra los pueblos originarios en la Argentina es tanto estructural como horizontal. Esta realidad se manifiesta en indicadores socioeconómicos alarmantes de pobreza, hacinamiento y falta de acceso a la salud en provincias como Formosa, pero también en la creciente militarización de los territorios ancestrales en el sur del país.
A través de la construcción mediática y política de la figura del «indígena violento», el Estado justifica el despliegue de fuerzas de seguridad para reprimir reclamos territoriales, mientras en el ámbito judicial persiste la falta de intérpretes, el prejuicio de los funcionarios y la ausencia de una defensa técnica especializada.
Población migrante: barreras estructurales y capas de vulnerabilidad
Argentina alberga a la mayor población de personas nacidas en el extranjero de la región, superando los 2,3 millones de residentes. En su trayectoria cotidiana se produce una compleja intersección donde los sesgos raciales se entrelazan con la nacionalidad y el estatus migratorio. Pese a que la pionera Ley de Migraciones 25.871 de 2003 concibió la regularización como un deber estatal para garantizar la igualdad y el debido proceso, en la práctica persisten severas brechas de aplicación.
Esta vulnerabilidad ha llegado a picos de crueldad extrema en la vida cotidiana. El caso de Marcelina Meneses y su bebé de 20 meses, arrojados de un tren en movimiento en 2001 tras sufrir agresión verbal xenófoba por parte de otros pasajeros, constituye un trágico recordatorio de cómo la intolerancia social y la estigmatización se traducen en crímenes de odio.
La violencia hacia las comunidades latinoamericanas —especialmente bolivianas, paraguayas y peruanas— revela un sesgo selectivo: mientras la inmigración europea se asocia al progreso, la regional es reducida mediática y políticamente al estereotipo de la indigencia o el delito.
Esta estigmatización encontró respaldo normativo con el DNU 70/2017 durante la gestión de Mauricio Macri, decreto que asoció la migración con la delincuencia al facilitar detenciones y expulsiones por faltas menores. La medida motivó denuncias internacionales ante la CIDH y derivó en el histórico «Paro Migrante» de marzo de 2017, donde más de treinta organizaciones se movilizaron rechazando ser el «chivo expiatorio» de las crisis económicas y reivindicándose como trabajadores esenciales de la economía nacional.
Las cifras desmintieron los discursos punitivos: la población carcelaria extranjera en el sistema federal representa apenas alrededor del 6 % total. Sin embargo, la marginación se sostiene mediante trabas concretas: imposibilidad del voto federal, plazos desmedidos de residencia para acceder a beneficios sociales, iniciativas provinciales de arancelamiento médico y severos obstáculos en el acceso a la vivienda formal, donde más del 80 % de los inquilinos migrantes en el AMBA enfrenta trabas para alquilar.
Del prejuicio individual a la responsabilidad estatal
Cuando se discute la vigencia del racismo en la sociedad, suele incurrirse en el error de reducir el problema a una simple cuestión de modales o prejuicios individuales. Sin embargo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial establece que el principal responsable es el Estado cuando convalida la selectividad policial y judicial.
El racismo se reproduce cuando se validan tipos penales arbitrarios, se omite la producción de estadísticas públicas y se sostienen trabas normativas que restringen derechos básicos. Negar el racismo en la Argentina no lo desaparece; por el contrario, deja desprotegidos a quienes lo padecen a diario, demostrando que reconocer el sesgo institucional es el primer paso para garantizar una verdadera igualdad.
