Caso Adorni escala: Piden su prisión preventiva por presión a testigo en causa de enriquecimiento.

La diputada nacional Marcela Pagano presentó ante la Justicia un pedido formal para la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusándolo de haber intentado obstaculizar una investigación penal mediante la presión a un testigo clave. Según la denuncia, Adorni habría contactado al contratista Matías Tabar inmediatamente antes de que este declarara bajo juramento en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, ofreciéndole «ayuda» y el contacto de su «equipo». La legisladora también denunció que se habrían borrado mensajes de WhatsApp vinculados a ese intercambio, lo que constituiría un intento de entorpecer la investigación judicial.

En su presentación ante el juez Ariel Lijo, Pagano solicitó la aplicación de la denominada «doctrina Irurzun», un criterio judicial que justifica la prisión preventiva de ex funcionarios o personas con poder cuando se presume que sus «relaciones residuales» pueden entorpecer la investigación penal. La diputada argumentó que existen indicios de un riesgo procesal de entorpecimiento grave, actual e inminente, concretado en una conducta autónomamente típica desplegada el 4 de mayo de 2026.

Este pedido de detención se suma a otras denuncias previas que pesan sobre Adorni en el marco de una causa más amplia que investiga posibles irregularidades patrimoniales del funcionario. La investigación por enriquecimiento ilícito es considerada la más grave que enfrenta el jefe de Gabinete, especialmente porque su esposa está directamente involucrada, con cajas de seguridad que también están bajo la lupa de la Justicia. El caso refleja el creciente escrutinio judicial sobre los gastos y viajes al exterior de Adorni, que el funcionario ha intentado deslindar de sus funciones públicas.