boca de pozo
¿Quién paga el ajuste de Vaca Muerta?: las pymes de Añelo dicen que son ellas
CEISA denuncia recortes unilaterales y trabas para facturar que asfixian a las pymes.
El trabajo está hecho, el pozo funciona y la operación sigue su curso, pero la factura no sale. Esa es la nueva denuncia de la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA). Según la entidad, en la capital de Vaca Muerta los proveedores locales quedan atrapados entre dos cosas: contratos que se recortan sin negociación y un trámite administrativo que les impide cobrar.
En un comunicado firmado por su presidente, Raúl Martin, la cámara advirtió que estas prácticas «comprometen la continuidad de los proveedores locales y debilitan la cadena de valor de Vaca Muerta». Pidió una mesa de trabajo urgente con operadoras, empresas de servicios especiales, sindicatos y el Estado provincial.
El conflicto empezó en agosto. Halliburton comunicó un recorte sobre los precios de los contratos vigentes para el período agosto-diciembre de 2026, con un plazo de siete días para que los proveedores aceptaran las nuevas condiciones y sin instancia previa de negociación. En esa oportunidad, el Sindicato de Petroleros Privados, la FECENE y CEISA lo informaron en comunicados separados, y las tres entidades coincidieron en que no hubo negociación previa.
CEISA ya había advertido entonces el temor a que otras empresas de servicios especiales u operadoras de la cuenca replicaran el criterio para bajar sus costos. Ahora sostiene que esa preocupación «se ha confirmado con la extensión de prácticas similares a otras relaciones comerciales del sector».
El dato no es menor. A fines de agosto, Halliburton frenó el recorte generalizado y acordó negociar caso por caso, tras una reunión con las cámaras empresarias de Neuquén en la que también participó CEISA. El nuevo pronunciamiento de la cámara indica que el problema no desapareció: cambió de forma y se extendió a otras empresas.
Vaca Muerta: el «Habilita», la llave que no llega
La segunda denuncia apunta a un trámite poco conocido fuera del sector, pero decisivo para las pymes: los certificados de habilitación para facturar, conocidos como «Habilita». Las operadoras y grandes prestadoras los emiten según el avance de los trabajos. Sin ese papel no hay factura, y sin factura no empieza a correr ningún plazo de pago.
Según CEISA, distintas empresas postergan su aprobación «por cuestiones administrativas, en ocasiones menores», y así mantienen bloqueada la facturación de sus proveedores. Mientras tanto, las pymes deben pagar salarios, impuestos e insumos. «El trabajo está realizado, pero el cobro queda sujeto a una instancia administrativa sobre la que el proveedor tiene escasa capacidad de intervención», señala el texto.
No es un reclamo nuevo. En crisis anteriores del shale, empresarios de FECENE ya habían denunciado que algunas operadoras no entregaban el certificado final de servicios, un instrumento esencial para emitir la factura y que empiecen a correr los plazos de pago. En ese contexto, a las demoras habituales de entre 60 y 90 días se sumaba esa dilación, y algunos cobros terminaban saliendo a los 150 días.
Récord de las operadoras y ajuste abajo
El reclamo llega en un momento de récords para la cuenca. A principios de año, la producción neuquina cruzó por primera vez los 610.000 barriles diarios de petróleo, y CEISA ya advertía que ese récord no se traducía en contratos para las firmas de Añelo. En el caso de Halliburton, el contraste entre su desempeño financiero y el pedido de baja del 23% sobre contratos ya firmados fue el eje de la crítica de los proveedores neuquinos.
Para la cámara, la ecuación es injusta: «Trasladar unilateralmente el esfuerzo hacia quienes tienen menor capacidad de negociación debilita al conjunto de la industria». Advierte que muchas pymes no tienen respaldo financiero para resistir la presión. También sostiene que el impacto puede alcanzar al empleo, a la capacitación, a la seguridad operativa y al comercio de las localidades petroleras.
La mesa que nadie convoca
CEISA insiste con una mesa de trabajo para revisar los recortes, destrabar los Habilita y acordar condiciones de pago previsibles. Ya en agosto, Martin había advertido que la competitividad debe construirse entre todos o terminará perjudicando a toda la cadena de valor.
Por entonces, ni Halliburton ni el gobierno provincial habían fijado posición, pese a que CEISA había convocado a la Provincia a integrar la mesa.
El cierre del comunicado resume el tono del reclamo: «Vaca Muerta necesita competitividad, proveedores sólidos y reglas previsibles. Su desarrollo debe construirse con las empresas locales, nunca a costa de ellas».
