Política
La Justicia desestimó una denuncia por usura contra Mercado Libre
El juzgado archivó la causa sobre los créditos de Mercado Pago por inexistencia de delito.
La Justicia nacional resolvió desestimar y archivar la denuncia penal por presunta usura que pesaba contra Mercado Libre y su fundador, Marcos Galperin, a raíz de las tasas de interés y los costos financieros aplicados en los préstamos otorgados a través de su billetera virtual, Mercado Pago. La resolución fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 53, que hizo lugar al dictamen fiscal que promovió desestimar la acusación por considerar que no se configuró conducta delictiva alguna.
La presentación judicial pretendía encuadrar el esquema de financiamiento de la plataforma en los términos del artículo 175 bis del Código Penal —que reprime el delito de usura—, solicitando una medida cautelar para frenar de inmediato el cobro de las cuotas a los usuarios y exigir la restitución de importes bajo el argumento de que los costos financieros totales resultaban desproporcionados. No obstante, el criterio judicial determinó que no se logró acreditar un aprovechamiento abusivo de la necesidad, ligereza o inexperiencia de prestatarios concretos, elemento indispensable para tipificar la figura penal.
En los fundamentos del fallo, la magistratura remarcó el carácter de última ratio que rige para el derecho penal, subrayando que este fuero solo interviene ante la verificación estricta de todos los requisitos de dolo y vulnerabilidad individual, y no como una vía para dirimir controversias comerciales generales. Al no constatarse víctimas específicas bajo coacción o engaño, la jueza a cargo del expediente convalidó la postura del Ministerio Público Fiscal y dispuso el cierre de las actuaciones por «inexistencia de delito».
La decisión judicial aportó un alivio significativo al gigante tecnológico en medio del constante debate sobre el costo financiero de las fintech y la regulación de los créditos de consumo en plataformas digitales. Pese a que el sector mantiene frentes abiertos con asociaciones de consumidores y entes tributarios por la transparencia de las comisiones y tasas contractuales, el fallo desactiva la vía represiva penal contra la operatoria crediticia de la compañía.
