Política
Ley de Tierras: la Corte se reúne este viernes y podría emitir un nuevo fallo
El máximo tribunal define el futuro de la Ley de Tierras y la soberanía de los recursos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes 9 con el objetivo de pronunciarse sobre la validez constitucional de la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737), impulsada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
La norma que la administración nacional intentó dejar sin efecto mediante el megadecreto establecía un tope del 15% a la titularidad de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y departamental. Asimismo, prohibía de manera expresa la venta de inmuebles que contuvieran o limitaran con cuerpos de agua permanentes y protegía las zonas de seguridad de frontera, erigiéndose como una de las principales salvaguardas legales sobre las reservas naturales y los acuíferos del país.
El debate judicial se reactivó luego de que diversos fallos de instancias inferiores declararan la inconstitucionalidad del capítulo territorial del DNU, argumentando que no se verificaban las circunstancias excepcionales que habilitan al Ejecutivo a legislar por decreto en materias de fondo. En tanto, organizaciones sociales, colectivos ambientalistas y comunidades originarias elevaron pedidos ante el tribunal para intervenir bajo la figura de amicus curiae, alertando que consolidar la desregulación habilitaría la compra masiva de hectáreas productivas por parte de fondos de inversión foráneos.
La nueva causa fue iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre ellos las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon. El expediente está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, sobre el que el máximo tribunal se pronunció la semana pasada.
Si la Corte dicta una cautelar favorable a los demandantes y restablece provisoriamente las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, el Gobierno podría obtener un beneficio indirecto en medio de su intento de frenar en Diputados el rechazo total del DNU 70/2023.
El pronunciamiento del tribunal supremo definirá si restablece de manera definitiva la vigencia de los límites legales a la extranjerización del suelo o si convalida la vía de los decretos para reformar leyes de protección de recursos naturales. Con posturas divididas en torno a las consecuencias geopolíticas del fallo, la resolución de la Corte sentará un precedente institucional respecto a la soberanía sobre el territorio y la tutela judicial efectiva frente a los programas de shock económico.
