El Gobierno entregó AYSA al grupo que integra Mauricio Filiberti

El Gobierno nacional adjudicó el 90% de las acciones de AySA al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, que ofertó US$340,2 millones y superó en casi un 20% a su único competidor, el grupo liderado por Roggio SA, que había propuesto US$285 millones. El holding ganador integra al empresario Mauricio Filiberti.

El monto quedó por debajo de los US$500 millones que pretendía el Ministerio de Economía. Considerando que el 10% restante de las acciones permanece en manos del sindicato conducido por Omar Lingeri, la oferta de US$340 millones por el 90% equivale a US$378 millones por el 100% de la empresa. Además, la deuda de US$70 millones que arrastra AySA será asumida por los adjudicatarios. La adjudicación definitiva aún está sujeta a la revisión final de la Comisión de Evaluación.

AySA presta servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, atiende una cantidad aproximada de 14 millones de habitantes y tiene 3,8 millones de usuarios.

La empresa nació en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, para reemplazar a Aguas Argentinas, la compañía controlada por la francesa Lyonnaise des Eaux (Suez) que se había quedado con la concesión en 1993 cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó Obras Sanitarias de la Nación. Trece años después, los incumplimientos contractuales y los desvíos en las metas de calidad (presencia de nitratos en varias localidades y falta de presión en zonas del conurbano) determinaron la rescisión del contrato. AySA tomó entonces el control de la operación.

Ahora, casi dos décadas más tarde, la empresa vuelve a manos privadas.

El diagnóstico oficial

Al confirmar la operación, el Gobierno calificó a AySA como «un modelo de disfunción administrativa» y enumeró los indicadores que, según su versión, justifican la privatización: entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de US$13.400 millones, pero un tercio del área concesionada aún no tiene acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%.

Las obligaciones del concesionario

El nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones (a valores de diciembre de 2025, sin IVA), que deberá ejecutar el concesionario. El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones en operación.

El consorcio ganador asumió el compromiso de invertir US$1.940 millones en los primeros cinco años de la concesión y US$15.040 millones en total a lo largo de los 30 años del contrato.

Las metas de cobertura fijadas contractualmente son: 75,3% en agua y 63,9% en cloacas para 2031, con obligación de alcanzar 90% y 75% respectivamente al finalizar el período inicial de concesión.

El operador técnico

El consorcio designó a Arcos Saneamento e Participações S.A., empresa del Grupo Equipav brasileño, como operador técnico. Arcos opera agua y cloacas desde 2010 y atiende a más de 39 millones de personas a través de 25.000 colaboradores en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil.