Política
El juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni
Avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial y su esposa.
El juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito. La medida judicial responde a una solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, quien busca esclarecer el origen de los fondos utilizados por el matrimonio para la adquisición de propiedades. Entre los puntos bajo la lupa se encuentra un departamento en el barrio de Caballito, cuya compra por 200 mil dólares habría sido financiada mediante un préstamo otorgado por dos personas jubiladas.
Como parte de las diligencias probatorias, la fiscalía citó a declarar a cinco testigos clave para reconstruir las operaciones inmobiliarias. Entre los convocados figuran el encargado del edificio de la calle Miró y Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas involucradas en la transacción del inmueble de Caballito. Asimismo, deberán prestar testimonio los responsables de la inmobiliaria interviniente, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, junto a Juan Ernesto Cosentino, vendedor de la propiedad que el funcionario posee en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.
Avanza la investigación contra Manuel Adorni: la Justicia allanó inmobiliarias involucradas
Este jueves se supo que la Justicia ordenó una serie de allanamientos en tres firmas inmobiliarias vinculadas a la compra del departamento de Caballito. Los procedimientos, dispuestos por el fiscal federal Gerardo Pollicita, tuvieron como objetivo principal identificar a los intermediarios que participaron en la operación y constatar si los montos declarados en la transacción coinciden con los valores de mercado de la propiedad ubicada en la calle Miró al 500.
La resolución judicial de Lijo coincidió temporalmente con la citación a declaración testimonial de Diego Spagnuolo en una causa paralela que investiga presuntas irregularidades y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Las medidas ordenadas por Lijo y Pollicita apuntan a verificar la consistencia patrimonial de los imputados y la trazabilidad de los fondos declarados.
