Política
Ley de Glaciares: el oficialismo logró la sanción definitiva de la reforma con 137 votos a favor
La Libertad Avanza y sus aliados aprobaron la reforma que delega el control de las zonas periglaciares a las provincias.
En una sesión marcada por la controversia y las protestas ambientalistas en las puertas del Congreso, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del régimen de protección de glaciares. Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, el oficialismo logró imponer el texto que faculta a cada provincia a definir sus propias áreas periglaciares. Para alcanzar este resultado, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) contó con el respaldo estratégico del PRO, la UCR y diputados de provincias con intereses mineros, como San Juan, Tucumán y Catamarca.
El debate técnico estuvo centrado en la tensión entre la preservación ambiental y el aprovechamiento de recursos naturales. Los diputados oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz defendieron la iniciativa bajo el argumento de armonizar el derecho a un ambiente sano con la potestad provincial sobre sus recursos. Sin embargo, desde la oposición, voces como las de Sabrina Selva y Adriana Sarquís denunciaron que la norma fue impulsada por el «lobby minero» y advirtieron sobre el riesgo hídrico para millones de personas al utilizarse, según denunciaron, criterios que carecen de sustento científico sólido.
En paralelo a la discusión ambiental, el Gobierno Nacional vivió momentos de incertidumbre debido a una serie de pedidos de interpelación. La oposición estuvo a escasos votos de convocar al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para una moción de censura motivada por cuestionamientos sobre su patrimonio. Aunque la iniciativa de Esteban Paulón obtuvo 122 votos a favor, no alcanzó la mayoría especial de dos tercios necesaria para el apartamiento del reglamento, permitiendo que el funcionario evitara, por el momento, el banquillo de los acusados en el recinto.
La jornada también incluyó intentos fallidos por citar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al propio Adorni para dar explicaciones sobre otros escándalos. Entre ellos, se destacaron las consultas por la presunta estafa con criptomonedas «$Libra» y el uso del avión presidencial para un viaje familiar a Nueva York. Pese a que estas mociones superaron los 120 votos, el bloque oficialista y sus socios tradicionales lograron bloquear el tratamiento sobre tablas, argumentando que estos temas ya se encuentran bajo investigación judicial.
Finalmente, el diputado Miguel Ángel Pichetto y referentes de la Coalición Cívica como Maximiliano Ferraro criticaron duramente la lógica del proyecto aprobado. Ferraro calificó la ley como «inconstitucional» y un «retroceso sin precedentes», mientras que Pichetto desestimó el argumento de que la normativa previa frenara las inversiones, señalando que la actividad minera creció exponencialmente en los últimos 15 años. Con esta sanción, el Gobierno cierra un capítulo legislativo clave para las provincias mineras, aunque deja abierta una profunda grieta con los sectores ambientalistas y la oposición dialoguista.
