Congreso en tensión: Todero cuestiona las reformas y el modo de debatirlas

El Congreso volverá a ser escenario de debates sensibles y con alto impacto social. En ese marco, el diputado nacional por Neuquén Pablo Todero fijó una posición clara frente a dos proyectos impulsados por el Gobierno nacional: la reforma laboral y la nueva Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad. Sin estridencias, pero con definiciones firmes, el legislador cuestionó el contenido de las iniciativas y, sobre todo, la forma en que se están llevando adelante las discusiones.

En diálogo con medios radiales, Todero planteó que la reforma laboral que se debatirá en el Congreso carece de un debate profundo y transparente. Según explicó, el texto oficialista no solo no resuelve los problemas estructurales del mercado laboral argentino, sino que además llega al recinto con cambios permanentes que impiden un análisis serio en las comisiones. Para el diputado, ese método erosiona la calidad institucional y genera incertidumbre tanto en los trabajadores como en las pequeñas y medianas empresas.

Una reforma laboral bajo discusión

Uno de los principales cuestionamientos de Todero apunta al alcance real de la reforma laboral. Desde su mirada, el proyecto no aborda de manera concreta el empleo informal ni plantea herramientas claras para mejorar las condiciones de quienes hoy están fuera del sistema. Por el contrario, advirtió que la iniciativa podría abrir la puerta a conflictos judiciales y a una mayor precarización.

El legislador señaló que no se trata de rechazar cualquier cambio de plano. Reconoció que las leyes laborales deben actualizarse para adaptarse a nuevas dinámicas productivas y tecnológicas. Sin embargo, remarcó que ese proceso no puede avanzar sin consenso ni terminar afectando derechos adquiridos. “Actualizar no puede ser sinónimo de retroceder”, deslizó, al tiempo que insistió en que cualquier reforma debería tener como eje la generación de empleo genuino y la mejora de la calidad de vida.

En ese contexto, Todero también expresó preocupación por el impacto que este tipo de medidas puede tener en las pymes, un sector que suele quedar atrapado entre regulaciones poco claras y cambios normativos repentinos. Para el diputado neuquino, una discusión seria debería contemplar tanto a quienes trabajan como a quienes producen, algo que —a su entender— hoy no está ocurriendo.

Dudas sobre las estadísticas y el rol del INDEC

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue la situación del INDEC, tras la salida de su titular, Marco Lavagna. Todero manifestó inquietud por la transparencia de los datos oficiales, especialmente en lo referido a la inflación y su impacto en los ingresos.

Según sostuvo, la falta de actualización en los sistemas de medición terminó afectando de manera directa a los sectores más vulnerables, en particular a jubilados y pensionados. En ese sentido, remarcó que las estadísticas no siempre reflejaron la realidad cotidiana y que esa distancia entre números y experiencia diaria tuvo consecuencias concretas en el poder adquisitivo.

Baja de imputabilidad: rechazo y pedido de coherencia

En paralelo al debate laboral, el Congreso también se prepara para discutir una nueva versión del proyecto de Ley Penal Juvenil, impulsado por el gobierno de Javier Milei, que propone fijar en 13 años la edad mínima de imputabilidad. Sobre este punto, Todero fue categórico: adelantó que no acompañará la iniciativa tal como está planteada.

El diputado cuestionó que el proyecto haya sido enviado con apenas 48 horas de anticipación a su tratamiento, sin el tiempo necesario para un análisis serio en comisiones. Recordó que una propuesta anterior había tenido un proceso de estudio más extenso y consideró que este nuevo intento responde más a una estrategia comunicacional que a una política integral de seguridad.

Si bien aclaró que está a favor de discutir un régimen penal juvenil coherente, sostuvo que cualquier iniciativa debe abordar de manera integral la problemática de niños y adolescentes, con políticas de prevención, educación e inclusión social. Desde su óptica, bajar la edad de imputabilidad sin un abordaje más amplio no mejora la vida de los ciudadanos ni resuelve los problemas de fondo.