Neuquén
Elecciones: el misterio del financiamiento en las provincias
Cada provincia ajusta sus propias normas. En Neuquén casi no se audita de dónde viene el dinero.
Por Silvana Reñones (*)
El pasado 7 de mayo, un gobernador del nordeste argentino, se encontró en el ojo del huracán tras ser imputado por supuestamente enviar más de 1.660 millones de pesos a un partido político.
Este movimiento, disfrazado de haberes, es solo la punta del iceberg en un país donde el financiamiento político se parece más a un juego de naipes: las reglas son más flexibles que un contorsionista y la transparencia, un lujo del que pocos pueden disfrutar. Este escándalo nos invita a dejar de lado la hipocresía y hacernos una pregunta candente: ¿cómo se financia realmente la política en las provincias argentinas?
A diferencia del nivel nacional, donde el financiamiento de campañas sigue un guion más estructurado y el dinero público se reparte bajo criterios legales, solo seis provincias (Córdoba, Buenos Aires, CABA, Río Negro, Salta y Entre Ríos) se atreven a contribuir al sostenimiento económico de los partidos.
De las 23 provincias y la CABA, catorce tienen cláusulas sobre financiamiento político. En once de ellas, la constitución exige que los partidos revelen el origen y destino de sus fondos. En seis casos, se prevén aportes públicos indirectos, típicamente en forma de espacios publicitarios.
Y solo dos provincias, junto con la CABA, regulan aspectos de las campañas electorales, como la publicidad oficial y los límites de gastos.
En Neuquén, la situación se torna más curiosa: los partidos políticos cuentan únicamente con el espacio publicitario que el Estado les proporciona, lo que los obliga a financiar sus campañas exclusivamente a través de aportes privados.
La ilusión del control
En materia de control del financiamiento partidario, la situación es un verdadero caos. Solo en cuatro provincias (CABA, Mendoza, Santa Fe y Santiago del Estero) existe una ley específica que reúne las regulaciones sobre financiamiento político.
En Neuquén, el Código Electoral exige que, dentro de los 90 días posteriores a las elecciones, los partidos presenten un informe final de campaña. Sin embargo, este documento no es controlado ni auditado; solo se exhibe en la Secretaría Electoral durante 30 días, por si alguien se atreve a impugnarlo.
Esto ha permitido que numerosos partidos entreguen informes de campaña con un saldo de cero sin enfrentar el más mínimo cuestionamiento. Así, entre la escasez de supervisión y un juego de ocultamiento, la transparencia se transforma en una simple ilusión. ¡Un verdadero espectáculo digno de la política neuquina!
La infiltración del dinero sucio
Desde 2010, la Cámara Nacional Electoral ha lanzado una serie de alertas sobre el enrevesado tema del financiamiento político, subrayando la urgente necesidad de establecer un control efectivo en todos los niveles de gobierno. En un escenario donde el narcotráfico se ha convertido en un actor político de peso, la situación se vuelve crítica.
En Santa Fe, la huella del narcotráfico se siente como un mal chiste en una reunión incómoda. Las normas que regulan el control de gastos de campaña son tan endebles que parecen más un mero juego que una regulación seria.
Así, candidatos y militantes pueden autofinanciarse con aportes que solo requieren información básica, creando un caldo de cultivo perfecto para que grupos criminales muevan su dinero sin que nadie se percate.
Casos como el del senador santafesino Armando Traferri y el del exintendente de Paraná, Sergio Varisco, condenado a seis años de prisión en 2019 por recibir financiamiento de un narcotraficante para su campaña, son alarmantes ejemplos de cómo el narcotráfico ha penetrado en la política. ¡Un verdadero thriller que se desarrolla a plena luz del día!
El efecto de la cancha inclinada
El financiamiento de los partidos debería servir para equilibrar la balanza entre oficialismos y oposiciones. Sin embargo, en la práctica, la cancha se inclina descaradamente hacia el poder establecido.
En Neuquén, el oficialismo siempre ha encontrado la receta perfecta para mantener su ventaja. Según un informe del CIPPEC de 2023, el oficialismo provincial se beneficia de su monopolio sobre los recursos públicos, otorgándole una ventaja electoral innegable.
Con un 40% de la población laboral trabajando para el Estado, el acceso a empleos se transforma en un juego de lealtades. Ser parte del club del oficialismo es la clave para acceder a todo tipo de beneficios, además de contar con una maquinaria publicitaria impresionante.
En este escenario, la equidad electoral parece un sueño lejano y la transparencia, una mera ilusión. Mientras la cancha siga inclinada, el juego seguirá siendo más un espectáculo que una competencia justa. ¡Y así, la política neuquina continúa su danza en el escenario del absurdo!
La democracia en un terreno pantanoso
La democracia no tiene precio, pero sí un costo de funcionamiento. Más que una patología de la democracia, el financiamiento político es parte de su vida normal.
Silvana Reñones es abogada neuquina y especialista en Derecho Electoral.
Sin embargo, si no se encuentra adecuadamente regulado, introduce serias distorsiones que pueden limitar la competitividad y conferir a ciertos individuos o grupos una posibilidad diferenciada de participar en las elecciones y ejercer su influencia. ¡Así que, mientras la fiesta siga, la cuenta la pagamos todos!
(*) Abogada neuquina y especialista en Derecho Electoral
