Política
El titular de la DGI bajo la lupa: sociedades offshore y propiedades millonarias en Miami
Andrés Edgardo Vázquez es el responsable de atrapar evasores.
El flamante jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, está en el ojo de la tormenta tras la revelación de que controla tres propiedades en Estados Unidos valuadas en más de 2 millones de dólares. Lo polémico: no las declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), ni tampoco incluyó la existencia de las sociedades offshore que usó para adquirirlas.
El escándalo fue revelado por una investigación conjunta de LA NACIÓN y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con la colaboración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el mismo equipo que destapó los Panamá Papers.
La noticia estalla no solo por la dimensión del patrimonio no declarado, sino también por la posición estratégica de Vázquez como titular de la DGI, el organismo responsable de controlar la evasión fiscal y la recaudación tributaria.
¿Qué propiedades no declaró Vázquez?
La investigación encabezada por el periodista Hugo Alconada Mon detalla la compra de tres propiedades en Miami mediante un entramado de sociedades offshore registradas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Estos son los inmuebles en cuestión:
- Unidad 3504 en Icon Brickell (Miami, EE.UU.): adquirida el 9 de enero de 2013 a través de la empresa Alcorta Corp (Panamá) por 710.000 dólares.
- Unidad 2811 en 1060 Brickell Avenue (Miami, EE.UU.): comprada el 10 de enero de 2013 por 350.000 dólares, también a través de Alcorta Corp. Esta propiedad fue vendida en 2018 por el mismo monto.
- Suite 904 en Chateau Beach Residences (Sunny Isles, EE.UU.): adquirida el 20 de julio de 2015 a través de la firma Pompeya Group Corp (Panamá) por 980.000 dólares.
Aunque Vázquez vendió una de las propiedades, las otras dos siguen bajo su control a través de las firmas Alcorta Corp y Pompeya Group, que a su vez están administradas por Galanthus Capital Limited, una sociedad con sede en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).
En sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA), Vázquez nunca mencionó la titularidad de estas propiedades, ni la existencia de estas sociedades offshore.
El entramado de sociedades offshore
Para administrar sus propiedades en Miami, Vázquez utilizó una estructura societaria internacional con al menos cuatro compañías offshore. La red se armó con:
- Panchy Ventures Limited (BVI): sociedad de la que era copropietario junto a su exesposa, Silvia Rodríguez, otra funcionaria de la AFIP.
- Galanthus Capital Limited (BVI): es la holding controlante de Alcorta Corp y Pompeya Group.
- Alcorta Corp (Panamá): propietaria de la unidad 3504 de Icon Brickell.
- Pompeya Group Corp (Panamá): propietaria de la suite 904 en Chateau Beach Residences.
El esquema permitió a Vázquez distanciarse de la titularidad directa de los inmuebles, de forma tal que, legalmente, los dueños de las propiedades no son personas físicas, sino sociedades pantalla, una práctica típica de los paraísos fiscales.
¿Qué dice la Ley de Ética Pública?
Según la Ley de Ética Pública (vigente desde 1999), los funcionarios como Vázquez están obligados a declarar todos sus bienes, propios y de su cónyuge, en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
El artículo 268 del Código Penal establece que la “omisión maliciosa” (no declarar bienes) es un delito penal que puede ser sancionado con penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En sus declaraciones ante la OA, Vázquez reconoció ser titular de 10 inmuebles en la Argentina y de tres cuentas bancarias en Estados Unidos, pero no mencionó a Galanthus Capital Limited, Alcorta Corp ni Pompeya Group Corp. Tampoco mencionó que controla los inmuebles en Miami a través de esas sociedades.
La gravedad de la situación aumenta porque Vázquez es el jefe de la DGI, el organismo encargado de combatir la evasión fiscal. ¿Cómo puede un funcionario responsable de perseguir la evasión no declarar su propio patrimonio?
Los antecedentes de Vázquez: denuncias por cuentas en Curazao y Luxemburgo
No es la primera vez que Andrés Vázquez está bajo la lupa judicial. En 2011 fue investigado por la tenencia de una cuenta bancaria en Curazao y otra en Luxemburgo, donde habría manejado al menos 442.113 dólares.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF) intentaron obtener datos de esas cuentas a través de exhortos internacionales, pero nunca obtuvieron respuesta de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo.
Ante la falta de respuesta de esos países, el juez Ariel Lijo cerró la investigación y sobreseyó a Vázquez en 2022. La causa fue archivada sin que se comprobara si las cuentas existieron o no.
Reacción política y silencio oficial
El presidente Javier Milei firmó el decreto que designó a Vázquez como jefe de la DGI, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero sin la participación de los ministros de Economía ni del jefe de Gabinete.
Desde el 6 de noviembre, los periodistas de LA NACIÓN intentaron contactar a Vázquez a través de la AFIP y de su correo personal, pero hasta la publicación de la investigación no había dado respuestas.
El nombramiento de Vázquez ya había causado tensiones internas dentro del gobierno, en parte porque Luis Caputo (ministro de Economía) y Guillermo Francos (jefe de Gabinete) no firmaron su designación. El reemplazo de la titular de la AFIP, Florencia Misrahi, también fue visto como una señal de descontento con la designación de Vázquez.
¿Por qué importa este caso?
- Doble estándar: El hombre que debe combatir la evasión fiscal usó offshore y paraísos fiscales para comprar inmuebles y no los declaró.
- Omisión maliciosa: No declarar propiedades y sociedades puede configurar un delito penal con penas de inhabilitación perpetua para cargos públicos.
- Corrupción en la cima: La designación de Vázquez generó sospechas, y esta investigación revela que su perfil no es tan “intachable” como se quiso mostrar.
La investigación en torno al nuevo titular de la DGI se suma a otra que publicó el DiarioAr la semana pasada, en la que se detalla un entramado de empresas offshore vinculadas a Cristian Ritondo.
