Política
Violencia de género: ya se registraron más de 200 víctimas fatales en lo que va de 2026
El Observatorio de las Violencias de Género «Ahora Que Sí Nos Ven» registró que se comete un femicidio cada 33 horas en el país.
La alarmante persistencia de las violencias machistas en todo el territorio nacional volvió a quedar expuesta a través de cifras que reflejan una problemática estructural que no tiene freno: según los últimos informes elaborados por el Observatorio «Ahora que sí nos ven», la cantidad de víctimas fatales por violencia de género superó el umbral de las 200 muertes en lo que transcurre de 2026, una tasa trágica que promedia un femicidio cada 33 horas. La nueva estadística se publica en un contexto marcado por la desarticulación de áreas institucionales de contención y el debate sobre el rol del Estado en la prevención y sanción de estos delitos.
El desglose de los datos recopilados hasta los primeros días de octubre revela que la inmensa mayoría de los crímenes fue perpetrada por parejas, exparejas o integrantes del círculo íntimo de las víctimas, ratificando a la propia vivienda como el espacio de mayor riesgo. Asimismo, los relevamientos dan cuenta de decenas de femicidios vinculados y de cientos de niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad tras el asesinato de sus madres, requiriendo el amparo urgente de la Ley Brisa en un marco de crecientes demoras y trabas burocráticas para el cobro efectivo de las reparaciones económicas.
Las organizaciones especializadas y los colectivos feministas advirtieron sobre las consecuencias directas que provoca el vaciamiento de las políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia integral y erradicación de las violencias. La degradación y posterior cierre de los ministerios y subsecretarías específicas, sumado al despido de personal técnico en la Línea 144 y la virtual parálisis de programas de acompañamiento económico como el Acompañar, dejaron desamparadas a miles de mujeres que carecen de recursos materiales para abandonar situaciones de sometimiento extremo.
A este cuadro de desfinanciamiento se le añade la persistencia de fallas sistemáticas dentro del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad provinciales. En una proporción significativa de los casos fatales registrados en el año, las víctimas habían radicado denuncias previas, contaban con medidas cautelares de restricción perimetral vigentes o habían solicitado infructuosamente botones antipánico que nunca llegaron a asignarse, lo que expone una recurrente desestimación del riesgo por parte de fiscalías y juzgados que terminan actuando únicamente cuando el desenlace ya se consumó.
La confirmación de más de dos centenares de víctimas fatales renueva la urgencia de declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género y restituir los recursos presupuestarios necesarios para sostener los dispositivos de auxilio en el territorio. Lejos de constituir sucesos aislados del ámbito privado, la recurrencia de los crímenes interpela la responsabilidad ineludible de las autoridades gubernamentales para garantizar el derecho a la vida y la integridad física.
