Correo Argentino: 300 sucursales cerradas, 7 mil trabajadores menos y el camino a la privatización

El Correo Argentino ya cerró 300 sucursales en todo el país como parte de un plan que prevé la clausura de 900 oficinas, según denuncian los trabajadores de la empresa. La reducción de la estructura, combinada con 6.000 retiros voluntarios y 300 despidos, redujo la planta de personal de 18.000 a 11.000 empleados. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) interpreta la política como un «achicamiento y vaciamiento» deliberado para dejar la empresa en condiciones de ser privatizada.

Las provincias más afectadas por el ajuste son San Luis, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero, donde el cierre de oficinas dejó a pueblos enteros desconectados de la red federal de entregas.

El mapa de los cierres

En Villa Manzano, provincia de Neuquén, el municipio ofreció renovar el comodato sin cobrar alquiler ni servicios. La sede cerró igual. «Yo ofrecí renovar el comodato, no se pagaba alquiler ni un solo peso en servicios. Todo lo absorbía el municipio. Pero ni siquiera eso alcanzó y la cerraron», denunció el intendente Daniel Hernández. Los vecinos de la zona ahora deben recorrer 60 kilómetros por ruta para llegar a la sucursal más próxima. «Nos duele profundamente porque sabemos lo que representa este cierre: pérdida de un servicio indispensable, incomodidad para los adultos mayores, dificultades para trabajadores, para emprendedores, para quienes necesitan cobrar o enviar documentación», había agregado en 2025 cuando la sucursal cerró sus puertas.

La situación se repite en varias localidades. En Río Negro cerraron las sucursales de Cervantes y Mainqué. En Neuquén se desactivó la oficina de Senillosa, que también daba servicio a Villa El Chocón y Arroyito. Los vecinos deben ahora viajar a Plottier o a la capital provincial. En Ingeniero Luiggi, La Pampa, los reemplazos son con «Puntos Correo» — locales comerciales privados que funcionan como agentes tercerizados. Desde el gremio cuestionan el modelo: aseguran que resulta más costoso que sostener una oficina abierta y que no garantiza la totalidad de los servicios.

Salarios en el límite de la indigencia

El conflicto salarial es la otra cara del ajuste. Los trabajadores del Correo Argentino cobran un salario promedio de 900 mil pesos, con un mínimo de 700 mil. FOECYT, encabezada por Alberto Cejas, reclama un aumento del 15% para recuperar poder adquisitivo. La oferta de la empresa estatal fue del 6,6%, una cifra que el gremio calificó como «una burla».

«Estamos hablando de trabajadores que todos los días sostienen un servicio esencial en todo el país y que hoy cobran 700.000 pesos», denunció Cejas. La Federación presentó un pedido formal de reapertura de paritarias y advirtió que los salarios se encuentran en el «límite de la indigencia». Cejas fue más allá y señaló que «reclamar un salario digno hoy está penado con el despido».

Los robots y la vitrina

En diciembre de 2025, el Correo incorporó una flota de 240 robots y sistemas de inteligencia artificial para la clasificación automática de paquetería. La empresa presentó la inversión como una modernización del servicio. El gremio la lee de otra manera: como una puesta a punto para la vidriera. «El que la compre va a tener una empresa con la última tecnología incorporada, no va a requerir inversión en modernizar», sintetizaron desde FOECYT.

La secuencia — cierre de sucursales, reducción de la planta de personal, salarios en el piso e inversión concentrada en tecnología automatizada — dibuja un cuadro consistente. La empresa se achica en su presencia territorial y se moderniza en su núcleo operativo. Es exactamente la combinación que un potencial comprador busca: menos empleados, menos infraestructura periférica, más automatización.

El servicio y el mercado

El Correo Argentino es la única red logística con presencia efectiva en el 100% del territorio nacional. Llega a localidades donde no llega ningún operador privado — porque nunca es negocio abrir una oficina para 300 personas a 60 kilómetros de la ciudad más cercana. Ese es exactamente el rol que cumplen los servicios postales públicos en cualquier país del mundo: garantizar comunicación e inclusión en zonas que el mercado, por sí solo, nunca alcanza.

La reducción de 900 sucursales — de las cuales ya cerraron 300 — es una decisión política sobre qué territorios y qué poblaciones quedan dentro y qué territorios y qué poblaciones quedan afuera del sistema postal argentino. La privatización que el oficialismo tiene en carpeta va a llegar, pero el desmonte del servicio le está adelantando el trabajo. Cuando llegue el pliego, la empresa va a valer menos y va a llegar a menos lugares. La diferencia va a estar clara en el balance a favor del comprador, pero cuesta arriba para vecinos de lugares como Villa Manzano.