Provincia propone sumar docentes en escuelas bonaerenses

La diputada bonaerense Luciana Padulo, de Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para implementar la figura de la pareja pedagógica en escuelas de la provincia. La iniciativa propone que dos docentes compartan la enseñanza y el acompañamiento de un mismo grupo de estudiantes, con implementación progresiva y prioridad en niveles considerados clave para el desarrollo escolar.

Según la propuesta, la presencia de dos maestros en el aula permitiría atender la heterogeneidad de los grupos e intervenir tempranamente ante dificultades de aprendizaje. Padulo sostuvo que esto ofrecería «un acompañamiento más cercano a las necesidades de cada estudiante». Sin embargo, el texto fuente no especifica plazos concretos para la implementación ni detalla el financiamiento real de la medida.

El proyecto establece como prioritarios distintos momentos de las trayectorias educativas: primero y segundo año de Primaria —etapas fundamentales para la alfabetización inicial—, la transición entre sala de 5 años y primer grado, sexto año de primaria y primero de Secundaria. Estos últimos son considerados instancias en las que los estudiantes atraviesan cambios importantes en la organización de la enseñanza.

La iniciativa apunta especialmente a las escuelas ubicadas en contextos de vulnerabilidad socioeducativa y a aquellas que presentan mayores dificultades para acompañar las trayectorias de sus alumnos. La propuesta busca aprovechar la caída de la matrícula escolar para reforzar los equipos docentes en las aulas que más lo necesitan.

Para avanzar, el proyecto propone modificar el artículo 21 de la Ley del Estatuto Docente bonaerense (10.579). La modificación permitiría reasignar maestros con cargos vacantes dentro de un mismo establecimiento bajo la figura de pareja pedagógica, manteniendo la totalidad de sus derechos laborales.

El texto fuente no especifica cuántas escuelas serían alcanzadas por la medida ni ofrece cifras sobre presupuesto asignado. Tampoco detalla cuándo comenzaría la implementación progresiva ni qué criterios exactos definirían cuáles son los «contextos de vulnerabilidad socioeducativa» prioritarios.