Cómo funciona el sistema de generación distribuida comunitaria que ya se reglamentó en Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires reglamentó la generación distribuida comunitaria, un esquema que amplía el marco normativo vigente y habilita a que distintos usuarios puedan asociarse para producir energía renovable, compartir los costos de instalación y recibir un retorno económico por la energía que vuelquen al sistema eléctrico.

Hasta el momento, el régimen bonaerense de generación distribuida estaba orientado casi exclusivamente a usuarios individuales —viviendas, comercios y pequeñas y medianas empresas— que instalaban paneles solares para autoconsumo. Esa limitación dejaba fuera a consorcios, cooperativas y organizaciones comunitarias interesadas en desarrollar proyectos colectivos.

Con la nueva reglamentación, podrán asociarse usuarios con suministros eléctricos independientes, e incluso un mismo titular con más de un medidor, siempre que se encuentren dentro del área de concesión de una misma distribuidora provincial o municipal.

Cómo funciona la generación distribuida comunitaria

El esquema establece que la energía generada se destina prioritariamente al consumo de los integrantes del proyecto. En caso de existir excedentes, esa producción se inyecta a la red eléctrica y se transforma en un crédito económico.

Ese beneficio se distribuye entre los usuarios según el porcentaje de participación acordado previamente. Cada integrante verá reflejado el descuento correspondiente en su factura de electricidad, de acuerdo con los cuadros tarifarios vigentes en cada período.

El sistema busca incentivar inversiones colectivas en energías renovables, reducir costos de acceso a la tecnología y ampliar la escala de generación distribuida en el territorio bonaerense.

Requisitos y registro de usuarios

Para operar bajo este régimen, los proyectos deberán inscribirse en el Registro de Usuarios-Generadores de Energía Renovable de la provincia de Buenos Aires (RUGER), que funciona bajo la órbita del Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA).

Desde el sector energético señalan que la reglamentación abre una nueva etapa para el desarrollo de iniciativas comunitarias vinculadas a la transición energética, aunque advierten que su impacto real dependerá de las condiciones de financiamiento, la estabilidad regulatoria y la articulación con las distribuidoras locales.

La medida introduce una herramienta que podría ampliar el acceso a la generación renovable en barrios, edificios y organizaciones sociales, en un contexto donde los costos energéticos y la discusión sobre el modelo de transición energética ocupan un lugar central en la agenda pública.