Política
El Gobierno disolvió la ANDIS y traspasó sus funciones al Ministerio de Salud
El Ejecutivo avanzó con su cierre y aseguró que no habrá recortes en pensiones ni en las prestaciones.
Sin resoluciones a la vista luego del escándalo desatado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno nacional concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y decidió traspasar todas sus atribuciones al Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones.
El anuncio fue realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó el cierre de la agencia aunque remarcó que no habrá recortes ni eliminación de prestaciones. En ese marco, precisó que el hasta ahora interventor Alejandro Vilches asumirá como secretario dentro de la nueva estructura. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó desde la sala de conferencias.
Adorni explicó que la ANDIS había sido creada en 2017 como un organismo descentralizado con el objetivo de coordinar las políticas públicas en materia de discapacidad, pero que con el correr de los años acumuló “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. Esa autonomía, sostuvo, derivó en un sistema opaco que facilitó prácticas irregulares.
Irregularidades y reordenamiento institucional
Con el traspaso al Ministerio de Salud, el Gobierno busca, según explicó Adorni, garantizar mayor transparencia y control. “Se va a asegurar la trazabilidad de los expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”, señaló, al tiempo que destacó la eliminación de 16 cargos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica.
Desde la cartera sanitaria insistieron en que la medida no implica un recorte de derechos ni de prestaciones. El objetivo, explicaron, es ordenar el sistema, unificar criterios sanitarios y presupuestarios y evitar superposiciones de funciones. “El reordenamiento institucional es una condición indispensable para proteger los recursos públicos y garantizar que las políticas de discapacidad cumplan efectivamente su finalidad sanitaria”, concluyeron.
La investigación judicial que recayó sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un esquema de corrupción que direccionó millonarias contrataciones públicas hacia un reducido grupo de empresas. Según la Fiscalía, entre julio de 2024 y agosto de 2025 se canalizaron más de $30.337 millones mediante “compulsas reducidas”, un mecanismo que limitaba la competencia y aseguraba adjudicaciones a un mismo círculo de proveedores. El sistema reveló la existencia de un “cártel de las cuatro droguerías” que monopolizó la compra de medicamentos e insumos médicos.
