Mini plan platita: las cuatro medidas de Caputo para descomprimir la presión en el metro cuadrado

El último lunes de agosto el Gobierno publicó en el Boletín Oficial tres normas con el mismo espíritu: actualizaciones salariales para el personal de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y distintos sectores de la Administración Pública Nacional, con aumentos escalonados desde septiembre hasta diciembre. Sumadas a los créditos hipotecarios anunciados la semana pasada con fondos del FGS de ANSES, el conjunto de medidas dibuja un patrón que el Gobierno prefiere no nombrar: una inyección de recursos hacia sectores clave en el arranque del año electoral.

El esquema para estatales nacionales, homologado mediante el Decreto 832/2026, establece incrementos acumulativos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, más una suma fija de $80.000 remunerativa que se liquidará con los haberes de diciembre. Caputo quiere un diciembre tranquilo. El acuerdo fue aceptado por UPCN pero rechazado por ATE, que anticipó medidas de fuerza por considerarlo insuficiente.

Para las Fuerzas Armadas, el primer tramo arranca con un 6,9% desde el 1° de septiembre y el incremento acumulado entre septiembre y diciembre alcanza el 12,22% — más del doble del porcentaje otorgado a los estatales civiles en el mismo período. Las fuerzas federales de seguridad — Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA y Servicio Penitenciario — reciben el esquema del 1,9/1,8/1,6/1,5% equivalente al de los civiles.

La semana anterior: hipotecas con plata de la ANSES

El anuncio de hoy se suma al de la semana pasada: el ministro Caputo presentó un programa para volcar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES — el ahorro previsional de los argentinos — al crédito hipotecario.

Los bancos podrán acceder a ese fondeo mediante licitaciones y deberán destinarlo exclusivamente a créditos para primera vivienda a tasa máxima de UVA + 7,5%, con una primera licitación por $200.000 millones prevista para esta semana. El Gobierno estimó que el programa podría dar solución habitacional a unas 17.000 familias.

Un plan platita que se queda chico

Leídas en conjunto, las medidas de las últimas dos semanas componen un menú reconocible: aumentos para el sector público, crédito subsidiado para clase media, fondos estatales volcados al consumo.

El Gobierno las presenta como decisiones de gestión técnica, pero el timing es difícil de ignorar: todas se concentran en el arranque del tramo electoral, con las elecciones legislativas de 2027 en el horizonte y los indicadores de imagen en deterioro sostenido.

La discusión pública llevaba varias semanas advirtiendo que no había plata en la calle, que los mejores 18 meses no asomaban y el ritmo del crecimiento de la actividad petrolera, minera y agropecuaria no se siente en las áreas metropolitanas.

La paradoja es que el mismo Gobierno que construyó su identidad sobre la crítica al «plan platita» kirchnerista — el derrame de subsidios y transferencias previo a cada elección — ejecuta una versión más acotada y mejor disimulada del mismo manual. La diferencia no es de naturaleza sino de escala y de relato: Caputo lo llama «atacar la oferta y la demanda», no «reactivar el consumo».

Lo que el relato oficial tampoco menciona es el contexto en el que esas medidas aterrizan: los estatales nacionales acumulan un ajuste del 1,9% en septiembre y un 1,8% en octubre, con un total del 6,8% para el tramo final del año, en un escenario donde el salario mínimo real cayó 40,5% desde noviembre de 2023 y el ingreso disponible de las familias está casi 17% por debajo de los niveles de 2023.

A ese ritmo, los aumentos anunciados hoy no compensan lo perdido: apenas amortiguan la caída para los próximos cuatro meses.